ECUADOR:
Con el fin del subsidio al diésel, los distribuidores reclaman pasar de un modelo dependiente y poco rentable a un mercado competitivo, con libre importación, ruptura del monopolio de Petroecuador y claridad en los márgenes de distribución.
La eliminación del subsidio al diésel, decretada por el Gobierno de Daniel Noboa, empieza a redefinir la política energética del país.
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El sector de distribución de combustibles, históricamente relegado en los procesos de compensación, espera que esta vez la medida marque un cambio estructural: abrir la puerta a la importación privada de combustibles y transparentar los costos en toda la cadena logística y de transporte.
Iván Casanova, coordinador general de la Cámara de Distribuidores de Combustibles del Litoral, destacó este 2 de octubre de 2025 que, tras casi 25 años de reclamos, el Comité de Optimización Energética —integrado por los ministerios de Energía, Transporte y Economía— los habría considerado para un mecanismo de compensación. “Somos el único sector que ha trabajado con un margen congelado desde hace un cuarto de siglo. Nuestra rentabilidad se ha mantenido inalterada pese a la inflación y a los cambios en el mercado”, señaló.
Un margen mínimo y un viejo reclamo
Actualmente, por cada galón de ecopaís y extra los distribuidores perciben $0,16, mientras que por el diésel el margen es de apenas $0,12. Esa cifra, además, debe repartirse entre distribuidores, comercializadoras y transportistas. En 2019, durante el intento de eliminación de subsidios a las gasolinas bajo el gobierno de Lenín Moreno, se habló de un ajuste de $0,06 por galón como compensación; sin embargo, el estallido social de octubre de ese año frustró la medida.
Casanova aseguró que ahora el Ejecutivo maneja una fecha límite para anunciar un esquema de apoyo al sector, pero evitó dar detalles sobre montos. Lo que sí dejó claro es que esta compensación no implicará un incremento adicional en los precios de los combustibles para el consumidor final.
Más allá de la compensación: un mercado abierto
Para el dirigente, el debate va mucho más allá del alivio económico. La eliminación del subsidio, dijo, debe verse como un punto de inflexión para que el país avance hacia un mercado energético competitivo, con precios libres y mecanismos claros de importación.
“En los últimos 15 años nos endeudamos por más de $60.000 millones. Es momento de sincerar las cuentas fiscales y los precios de la energía. No podemos seguir sosteniendo un esquema de subsidios que ha generado distorsiones y dependencia”, explicó.
En ese sentido, recalcó que Ecuador debe aprovechar el marco legal ya existente, como el Decreto Ejecutivo 83, que permite a empresas privadas importar combustibles. Esto, a su criterio, permitiría desplazar el monopolio de Petroecuador, mejorar la calidad del diésel disponible en el país y reducir costos en beneficio de sectores estratégicos como el transporte de carga y la exportación.
Uno de los puntos críticos, según los distribuidores, es transparentar la cadena de costos. “Necesitamos que el país conozca cuánto cuesta importar, transportar y distribuir cada galón de combustible. Solo así podremos hablar de precios reales y de un mercado justo para todos los actores”, insistió Casanova.
El dirigente reconoció que la transición hacia un sistema competitivo generará tensiones sociales, pero la calificó como una etapa necesaria. “Los subsidios fueron un alivio temporal, pero hoy son un lastre. Avanzar hacia la libre importación y la claridad en los costos es el camino para modernizar el sector energético”, concluyó. (JS)