EL SALVADOR:
Por David Bernal
Congresistas estadounidenses enviaron un escrito a dos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump para denunciar las condiciones del sistema carcelario salvadoreño y pedirles que no manden a más personas a penales como el CECOT.
«Estamos escribiendo para expresar grave preocupación por los informes sobre las condiciones de las prisiones en El Salvador que parecen violar los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con el tratamiento de los prisioneros en detención.
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Pedimos que tomen medidas de inmediato con el Gobierno de El Salvador para remediar esta violación de derechos humanos y asegurar que las condiciones para los detenidos, incluidos aquellos enviados desde los Estados Unidos y colocados bajo custodia de El Salvador, cumplan con los estándares internacionales». Así empieza la carta que 17 congresistas de los Estados Unidos enviaron recientemente a dos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, a quienes piden cesar cualquier intento de mandar personas a cárceles salvadoreñas.
La misiva, de fecha 22 de septiembre, es firmada por congresistas como James P. McGovern, Norma Torres y Joaquín Castro, y es dirigida a Marco Rubio, secretario de Estado, y Kristi Noem, secretaria de seguridad nacional, quienes al igual que Trump han elogiado la colaboración del actual gobierno salvadoreño para recibir y albergar a personas detenidas en Estados Unidos en cárceles como el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Entre marzo y abril de 2025 el gobierno estadounidense envió a 252 venezolanos al CECOT, acusados de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua. El Salvador los mantuvo por casi cuatro meses, a cambio de un pago cercano a los $4 millones.
Pero los congresistas aseguran que las condiciones en las cárceles de El Salvador no cumplen con estándares internacionales y se aproximan a condiciones de malos tratos y torturas.
«Los grupos de monitoreo de derechos humanos y observadores de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han descrito condiciones horribles en las prisiones de El Salvador. Estos observadores han presentado evidencia física y testimonios de familiares y sobrevivientes de severo hacinamiento, privación de sueño, comida, agua potable y atención médica, condiciones antihigiénicas, confinamiento solitario prolongado y golpizas severas que en algunos casos llevaron a fracturas óseas, páncreas y bazo rotos, o inconsciencia», recopilan.
Citan testimonios recopilados por medios de comunicación y organizaciones nacionales e internacionales y le recuerdan al gobierno de Estados Unidos que es parte de la Convención contra la Tortura y que por lo tanto «están obligados a no enviar a una persona a un país donde existan razones sustanciales para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura”.
«Es impactante que el gobierno de EE.UU. envíe personas de los Estados Unidos a tales prisiones. También es ilegal tanto bajo el derecho internacional como bajo la ley nacional de EE.UU. Los Estados Unidos no deberían ser cómplices en la tortura de individuos encarcelados. Tampoco deberían permanecer en silencio cuando un gobierno de un país, especialmente uno que los Estados Unidos están pagando con el propósito expreso de albergar a tales deportados, falla repetidamente en cumplir con los estándares mínimos para condiciones carcelarias humanas», añaden.
Debido a ello solicitan a los Rubio y Noem que realicen una «revisión inmediata y transparente de las condiciones carcelarias en El Salvador, y reportar de manera pronta y pública sus hallazgos al Congreso», gestionar ante el gobierno salvadoreño el acceso de personal diplomático a las cárceles para revisar las condiciones de los privados de libertad y cesar la entrega de personas capturadas en Estados Unidos a cárceles salvadoreñas.