ECUADOR:
Ecuador proyectaba un déficit fiscal récord de $5.625 millones en 2025. Para contenerlo, el Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, con un ahorro neto de $200 millones este año y $800 millones en 2026.
Las cuentas públicas de Ecuador llegaron a un punto límite este 2025. En los últimos cinco años, los déficits fiscales fueron constantes, pero el deterioro alcanzó un punto crítico en 2025 con una proyección de $5.625 millones en rojo, equivalente al 4,4% del PIB. Se trata de la cifra más alta desde 2021.
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El déficit fiscal presupuestado por el Gobierno de Daniel Noboa para este año es incluso superior a los $5.457 millones registrados en 2023 (dejado por el Gobierno de Guillermo Lasso luego de la muerte cruzada).
El problema es estructural. Durante años, el gasto estatal creció sin que existieran fuentes sostenibles de ingreso. Obligaciones constitucionales en salud y educación, que debían aumentar 0,5% del PIB cada año, han sido sistemáticamente postergadas, pero aun así el déficit siguió en ascenso. De haberse cumplido esas asignaciones, el déficit fiscal habría escalado estructuralmente hasta los $9.000 millones.
La presión por medidas de ajuste aumentó este 2025 porque los préstamos de multilaterales (actuales principales financistas del Estado ecuatoriano) no alcanzan para cubrir el déficit de más de $5.600 millones y los atrasos de alrededor de $4.000 millones; a lo que se suma la creciente dependencia de importaciones de derivados del petróleo, que cuestan más de $6.000 millones anuales. En paralelo, la producción nacional de crudo no logra superar los 480.000 barriles diarios.
Los resultados de 2025 evidencian la urgencia: solo en marzo, el déficit fue de $726 millones, el segundo más alto en cinco años. En junio alcanzó los $1.206 millones, récord absoluto para ese mes desde 2021, y en septiembre ya superaba los $2.300 millones. Sin medidas de ajuste, el país cerraba el año con el peor resultado fiscal en media década.
Déficit bajo control y riesgo país en descenso: la llave para volver a los mercados internacionales
La eliminación del subsidio al diésel era una medida inevitable, según el economista Andrés Rodríguez. Desde el 13 de septiembre, el galón pasó de $1,80 a $2,80, liberando un espacio fiscal.
Según el exministro de Economía, Fausto Ortiz, el impacto neto será más gradual: unos $200 millones hasta finales de 2025, debido a las compensaciones sociales, y alrededor de $800 millones en 2026. Además, la medida reducirá la importación de combustibles, aliviando la presión sobre la balanza externa.
Este ajuste se complementa, según la expectativa del Gobierno, con otros factores que aumentarán los ingresos. Si la economía crece por encima del 2,8% previsto en la proforma y alcanza un 4%, la recaudación tributaria aumentaría entre $83 millones y $283 millones adicionales. A esto se suman $200 millones esperados por la remisión tributaria y $150 millones por controles masivos al pago de impuestos.
Con todo ello, el déficit podría reducirse de $5.625 millones a menos de $5.000 millones (alrededor de $4.992 millones) a finales de 2025.
Esta reducción sería decisiva para la percepción internacional, de acuerdo con Rodríguez: con un déficit más controlado, el riesgo país —que hoy está en 689 puntos— podría bajar a menos de 600 puntos antes del final de 2025 y llegar a 400 puntos en enero de 2026.
Ese escenario abriría la puerta a que Ecuador vuelva a los mercados internacionales. Antes de concluir 2025, el Gobierno podría emitir bonos soberanos por entre $400 millones y $500 millones, y en los próximos años cumplir con el cronograma pactado con el FMI: $1.300 millones en 2026, $1.500 millones en 2027 y $2.000 millones en 2028.
La pesada mochila de la deuda pública en Ecuador
La deuda pública supera los $80.000 millones, alrededor del 62% del PIB, y cada año el Estado debe destinar casi $10.000 millones en capital e intereses. Según José Abel DeFina, docente universitario con experiencia en finanzas corporativas y bancarias, y desarrollo de negocios, Ecuador está “prácticamente al borde de la insolvencia” y la única salida es “ahogar la deuda en crecimiento”, es decir, que la economía avance más rápido que el endeudamiento.
Sin embargo, las urgencias fiscales obligan a tomar medidas para abrir el camino a la emisión de bonos, aunque, según DeFina, eso no es necesariamente el mejor negocio desde el punto de vista financiero —los multilaterales prestan más barato y con plazos más largos—, pero es una condición necesaria para diversificar el riesgo y mantener el programa con el FMI.
En agosto de 2025, la calificadora Standard & Poor’s mejoró la nota crediticia de Ecuador de “negativa” a “estable”, gracias a mayores reservas internacionales ($8.600 millones), un superávit en cuenta corriente y el programa con el FMI que se amplió a $5.000 millones.
La calificadora de riesgo ya marcaba la cancha de las medidas: reducción de subsidios energéticos (electricidad y combustibles), eliminación de exenciones y exoneraciones de impuestos (nueva reforma tributaria) y mayor eficiencia del gasto público. Según S&P, el 97% del gasto estatal es rígido, lo que deja poco margen de maniobra. Además, desde 2026 vencen bonos clave, como el 2030, que aumentarán las necesidades de liquidez. El cierre del bloque petrolero 43 o ITT presionará los ingresos, aunque el Gobierno espera compensar con el campo Sacha y nueve proyectos mineros que podrían atraer $11.000 millones en seis años. En este último punto, el tema de Loma Larga podría reducir las expectativas de inversión y de ingresos. (JS)