ECUADOR:
El mandatario había anunciado el envío de este proyecto que se relaciona a las fundaciones y a las ONG.
Se trata del cuatro proyecto de ley del Gobierno con carácter de económico urgente enviado a la Asamblea Nacional este 29 de julio de 2025, un día antes el presidente Daniel Noboa lo anunció y generó expectativa por el contenido.
“Esta ley no incomoda a los honestos, incomoda a quienes usaban el ámbito social para maquillar el uso de recursos ilícitos”, señaló el Gobierno en un comunicado difundido este martes. Añadió que esta iniciativa hará que las organizaciones de la sociedad civil proporcionen información clara, veraz, accesible y oportuna sobre su estructura organizativa, fuentes de financiamiento, proyectos y resultados.
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¿Qué dice el contenido?
El documento de 28 páginas contiene 15 artículos, una disposición general, cuatro disposiciones transitorias, cuatro disposiciones reformatorias y dos disposiciones finales.
El Gobierno explica que el proyecto busca establecer el marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales, mediante la promoción de la integridad, la transparencia financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario por parte de personas naturales y jurídicas.
Esto “con especial atención a las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y demás entidades sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, que operen en el territorio nacional”.
Justifica que se busca promover la transparencia en la gestión de recursos, prevenir el uso indebido de fondos, y garantizar la adecuada liquidación de utilidades y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, conforme al ordenamiento jurídico ecuatoriano y a los estándares internacionales aplicables.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) será el ente de control. Esta institución ejercerá la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones comunitarias o entidades sin fin de lucro, sean nacionales o extranjeras, que operan en el territorio nacional.
Se aplicarán las disposiciones de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros, y el presente proyecto, de convertirse en ley.
Por ejemplo, se plantea una reforma en la Ley de Régimen Tributario Interno. Se establece el impuesto a la renta en la distribución de dividendos o utilidades. Es decir que los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador estarán sujetos, en el ejercicio fiscal en que se produzca dicha distribución, al impuesto a la renta único del 12% sobre el importe del monto distribuido. Se definen ocho disposiciones.
Causas para sanciones
En el artículo 5 se plantea un régimen sancionatorio para las organizaciones de la sociedad civil. Se especifican tres infracciones que serán observadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y serán sujetas a sanción:
1. El uso indebido o desvío de los recursos económicos respecto a sus fines declarados o a disposiciones legales.
2. El incumplimiento reiterado de las normas contables, de transparencia o de prevención de lavado de activos.
3. La obstaculización a la labor de control de la SEPS, entre otras que establezca la ley.
La disposición general única indica que “ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales”. (KSQ)