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Supersalud interviene Hospital Regional de San Marcos

El hospital de San Marcos no cuenta con plan de gestión integral para los residuos hospitalarios. //Cortesía.

EDITH QUIROZ

Debido a fallas administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas que ponen en riesgo el servicio a los usuarios, la Superintendencia Nacional de Salud, ordenó la posesión de bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa administrativa del Hospital Regional de II nivel del municipio de San Marcos.

TOMADA DE:eluniversal.com.co

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La Supervalorad a través de un comunicado de prensa, informó que estará al frente del ente hospitalario, por el término de un año y ordenó separar de su cargo al Gerente o representante legal del hospital y a quien hace las veces de Revisor Fiscal.

La medida fue tomada, luego de la visita que hizo la Superintendencia al Hospital, entre el 21 y el 25 de octubre del año anterior, buscando “garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad”, según establece la resolución 001616 del 18 de marzo de 2020.

En esa oportunidad, constataron que el Hospital no cumple con los estándares en la habilitación del talento humano, en su infraestructura, dotación y mantenimiento. Tampoco en medicamentos, dispositivos médicos e insumos; ni en procesos prioritarios asistenciales e historias clínicas. Igualmente, carece de la licencia para los equipos de rayos A convencional y del tubo de rayos A; no implementa el ‘triare’; y en materia de medicamentos, no los almacena de manera adecuada, no controla bien las fechas de vencimiento, ni garantiza la cadena de frío.

Adicionalmente, no ha implementado el plan de gestión integral para los residuos hospitalarios, no tiene morgue o un espacio para el depósito de cadáveres, y presenta fallas en el proceso de referencia y contrarreferencia.

En el campo administrativo, no cumple con el pago oportuno de los salarios y las prestaciones sociales de sus trabajadores.

Asimismo, la Gerente no promueve la eficiencia y transparencia en la compra de medicamentos e insumos médicos, y el personal de la salud se contrata con una organización sindical que no está autorizada para ofrecer esos servicios, por lo que se configura una intermediación laboral.

Además, el déficit presupuestal frente al recaudo fue de $4.582 millones en el 2017; y de $4.247 millones en el 2018.

También encontraron, que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del centro asistencial no cumple con sus funciones; no hay manual de contratación, no se lleva adecuadamente el archivo de los expedientes de contratos, no hay comprobantes de pago, ni existe la liquidación de los contratos ya finalizados.

Tampoco cumple con la publicación de los procesos de contratación, lo que debe hacerse en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), que es la plataforma del Estado creada para tal fin.

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