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Puerto Valdivia se reconstruye a medias

Antes de que termine el año deberán retornar las 347 familias que faltan. FOTOS Juan Antonio Sánchez

POR VANESA RESTREPO

Durante 436 días Pedro Julio Rúa se resistió al destino de su pueblo. El hombre de 97 años fue el único habitante de la vereda El Pescado que no aceptó ser evacuado, luego de que todo el corregimiento de Puerto Valdivia fuera declarado en alerta roja ante posibles crecientes del río Cauca, por cuenta de los problemas en el proyecto Hidroituango. Era mayo de 2018.

TOMADA DE:elcolombiano.com

El Colombiano

Esta semana el abuelo, que pasó más de un año tejiendo y vendiendo atarrayas, rodeado solo de gallinas, perros y gatos, volvió a tener vecinos. Por lo menos cinco familias retornaron a sus viviendas, y muchas otras —incluida su hija María— están a la espera de que reparen sus casas para regresar.

El retorno a esta vereda que nació hace más de 100 años en un pedazo de tierra entre la troncal a la Costa Atlántica y el río Cauca, empezó el pasado 26 de julio cuando se finalizó la construcción del muro de la presa de la hidroeléctrica, y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd, bajó el nivel de alerta de rojo a naranja.

Carmelina Taborda, una de las residentes de El Pescado, volvió el pasado domingo a su casa, pero no se quedó a dormir. Prefirió pasar la noche en la casa de una de sus hijas, en la carretera. “Aún me da miedo que el río se crezca. EPM me dio retorno, pero a mí me da pánico dormir con el río al lado, después de ver cómo se subió el 12 de mayo (de 2018)”, dijo.

Paso a paso
La iglesia, que durante más de un año permaneció con las puertas cerradas, también se está renovando. Un grupo de obreros contratados por EPM adelanta la reconstrucción de las escaleras, el atrio y la fachada. El plan de la parroquia es volver a tener misas concurridas, pero los vecinos del frente siguen sin regresar.

En las casas aún se ven algunos letreros rojos que dicen “no retorno”, y la maleza crece entre los restos de la escuela y el centro de salud, dos de las estructuras más afectadas por la creciente del río Cauca que en la tarde del 12 de mayo de 2018, pasó de tener 2.000 a 6.000 metros cúbicos de agua por segundo (m3/s).

Al otro lado del río, los barrios Tapias y La Arrocera siguen siendo tierra de nadie. Guillermo Antonio Puerta es el único que habita, en compañía de una gata a la que alimenta con arroz.

“Yo aquí me estoy uno o dos días, y luego me voy a un pedacito de tierra que tengo en la montaña. Yo no sé si me van a comprar la casa, que la construí con mucho esfuerzo, pero si no, aquí me quedo. Al río no le tengo miedo”, dice el campesino que ahoga el silencio del barrio con el ruido de un televisor pequeño.

Los que no vuelven

Robinson Miranda, director social y ambiental del proyecto Hidroituango en EPM, aseguró que de las 2.485 familias que fueron evacuadas hace más de un año, ya 1.908 regresaron a sus hogares. Otras 347 deberán hacerlo en lo que resta del año y 230 familias, entre ellas las 74 que se quedaron sin casa, no podrán regresar.

Entre ellos está Jader Gómez, el comandante del cuerpo de bomberos, que vivía con su esposa y sus dos hijos en el barrio Tapias.

“La creciente se llevó la casa y todas nuestras cosas. Ese día apenas pude sacar a mi familia, porque estábamos intentando prender la alarma de evacuación. A nosotros nos habían dicho que el río iba a subir, pero que no era nada grave”, dice.

La familia quedó solo con la ropa que tenía puesta y desde entonces se trasladó hasta el casco urbano de Valdivia donde ya encontraron una casa para vivir.

El negocio, contó Gómez, funciona así: la familia busca la casa que quiera, EPM revisa que no tenga embargos o problemas de registro, la compra, se las escritura y además les da una suma de dinero para reemplazar los enseres y ropa que perdieron.

“Lo único que no me gusta de eso es que no fue concertado. A nosotros nos dijeron que teníamos esa opción, otra que era recibir el pago en efectivo, o una tercera que era poner un abogado y demandar. Eso no es una concertación”, dijo.

Miranda confirmó que las dos primeras opciones se las han ofrecido a todas las familias con base en estándares que la empresa ha construido durante más de 60 años.

“EPM ha sido onerosa para el tema de enseres y vestido. Queremos que las familias queden en mejores condiciones de las que estaban y por eso estamos restableciendo las viviendas, por hasta 135 salarios mínimos ($111,7 millones), y los proyectos productivos de las familias”, aclaró.

A la fecha, y según el reporte de la empresa, 25 familias aceptaron la opción de compra de casa, y la mayoría eligió establecerse en el vecino municipio de Yarumal. La compra de las primeras 10 casas se concretará este mes, dijo Miranda. Mientras eso ocurre, las familias siguen recibiendo los subsidios de arriendo.

Infraestructura necesaria
El colegio, el centro de salud y el puente que conectaba los dos extremos de la centralidad son las necesidades más urgentes de la población de Puerto Valdivia.

Jonás Henao, alcalde de Valdivia, explicó que los niños y jóvenes están estudiando en la sede de la escuela que queda justo detrás de la iglesia. “El problema es que el espacio no es suficiente”, dijo.

El centro de salud se ha trasladado por lo menos cuatro veces y hoy funciona en un hotel. Y por la falta de puente peatonal —la creciente del 12 de mayo arrastró la estructura metálica que había sido instalada hace casi un siglo—, las familias que retornaron deben caminar por el mismo sitio por el que a diario circulan cientos de camiones, buses, motos y volquetas.

“La comunidad necesita esas obras con urgencia. No se podían hacer antes por la alerta roja, pero ya que se levantó necesitamos que lleguen rápido”, dijo Henao.

El vocero de EPM explicó que ya se compró un lote para reconstruir buena parte de las estructuras dañadas, y agregar un centro de desarrollo integral como forma de compensación. Está ubicado en el sector El Remolino, sobre la vía Puerto Valdivia – Presa, que hoy es propiedad de EPM, pero que se entregará a la Gobernación para uso público.

Sobre los puentes, explicó que ya se adelantan diseños y se alista la contratación de cuatro: el Simón Bolívar, dos peatonales ubicados aguas arriba del corregimiento y uno más en el corregimiento El Doce, de Tarazá. Ese último será repotenciado.

“Esperamos que para el primer semestre de 2020 los puentes estén listos y que en esa época se contraten el colegio y el centro de salud. Esas obras tomarán un año”, apuntó Miranda.

Por ahora, informó EPM, hacen falta algunas autorizaciones de la Seccional de Salud de Antioquia y unos estudios adicionales que permitirán concluir si el colegio puede continuar en la montaña detrás de la iglesia o si se construye uno nuevo junto al futuro centro de salud.

¿Y el nuevo barrio?
Apenas esta semana se firmará el contrato de compraventa de un lote que la Gobernación de Antioquia le donará al municipio para construir 224 viviendas y reubicar a las familias que siguen viviendo en zonas de alto riesgo.

El predio conocido con el nombre de “El Batallón” está localizado junto al puente vehicular que da acceso al corregimiento, y consiste en una montaña de 40 hectáreas. Y aunque el negocio se había aprobado desde mayo, EL COLOMBIANO pudo establecer que los trámites se demoraron por una hipoteca que estaba cancelada hace más de 20 años, pero que no había sido levantada por el banco.

“Hay que hacer un terraceo, y mirar si el Gobierno Nacional nos va a ayudar con subsidios para la construcción de las casas”, manifestó Henao y aclaró que la tarea le quedará a la próxima alcaldesa y al nuevo gobernador de Antioquia, pues ambos asumen funciones en enero.

EPM informó que si la propuesta avanza, podría contribuir con la construcción de la infraestructura de servicios públicos.

Desde la iglesia, María Taborda dice que el futuro pinta extraño para su gente. “Ese barrio será el inicio de un nuevo pueblo. Para nosotros las montañas son extrañas, porque aquí crecimos dentro del río” .

CONTEXTO DE LA NOTICIA

PARÉNTESIS

LOS RASTROS DEL ABANDONO

Jaime Lozano vive en el pasado, donde nadie le cobra arriendo. Ante el desalojo del barrio Tapias, decidió mudarse a una casa muy próxima al río, desde donde vigila las pocas lanchas que aún surcan las aguas del Cauca. Con las cuerdas con las que antes tejía atarrayas se hizo una hamaca y la colgó en la antigua estación de gasolina del corregimiento, donde el letrero aún anuncia que el ACPM cuesta $8.350 (hoy está a $9.268). Y cuando el sol se pone, busca las redes y salta a al río para buscar unos cuantos pescados para comer: “Yo soy de Cáceres, pero allá los bravos (grupos al margen de la ley) no dejan moverse por el río. Por eso me quedo aquí, así sea solo”.

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