La Procuraduría le entregó los casos a la Fiscalía para que investigue a directivos de hospitales, abogados y hasta jueces presuntamente metidos en este escándalo.
Luego del anuncio de la Procuraduría General de la Nación de trasladar a la Fiscalía los casos de 24 hospitales públicos que habrían embargado ilegalmente dineros destinados a la salud, el gremio de hospitales públicos de Antioquia celebró el anuncio y le pidió a la Fiscalía que llegue hasta las últimas consecuencias para hallar a los responsables y recuperar ese dinero.
En Antioquia la Procuraduría logró determinar que fueron en total doce hospitales los que cobraron más de $$56.000 millones a la Nueva EPS, pero por ahora el Ministerio Público anunció que investigará siete de estos: al de Chigorodó, Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá, Arboletes, Mutatá, Santa Bárbara y Concordia.
Según sostuvo Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) antes del anuncio que hizo la Procuraduría esta semana, desde el gremio de hospitales en el departamento le habían solicitado a varios entes de control entrar a revisar las presuntas irregularidades que estarían cometiendo estos hospitales con dicho cobros, y por lo cual estaban pagando, como se dice, justos por pecadores, pues las EPS habían iniciado una campaña de “castigo con los pagos”, según él, en respuesta a las inconsistencias causadas solo por un puñado de hospitales.
“Hubo hospitales que hicieron cobros indebidos, o sea, que cobraron más de la cuenta. A esos hospitales que cobraban la cuenta, que la Procuraduría y la Fiscalía les haga volver la plata, porque es que nosotros tampoco podemos alcahuetearle a los que hacen las cosas mal. Nosotros no podemos defender a los que hagan mal las cosas”, enfatizó el directivo.
Sánchez le pidió a la Nueva EPS que mientras los entes de control continúan con las investigaciones para castigar a los responsables, continúe con el pago oportuno a los hospitales públicos que arrastran varios años de crisis y pérdidas y cuyos principales víctimas son los pacientes más vulnerables de los diferentes municipios. Sánchez aseguró que los hospitales no reciben pagos desde junio, y que las administraciones actuales están pagando por lo que hicieron sus antecesores hace más de dos años.
“Esas decisiones fueron entre el 2019 y el 2022 y los gerentes que están sufriendo las inclemencias de esas decisiones son los del 2024, entonces le estamos diciendo a la Nueva EPS hagamos un acuerdo, que lo que pasó en esos años se resuelva jurídicamente con la Fiscalía, Procuraduría, con quien tenga que ser, pero que del 2024 hacia acá sigan pagando mensualmente lo que facturen, para que los hospitales puedan tener un oxígeno financiero y puedan funcionar”, precisó.
Lo que señaló la Procuraduría esta semana es que en marzo de 2023 la Procuraduría expidió la Circular 002 —suscrita por la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social y el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa— dirigida a los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, a los jueces de la República y a las entidades bancarias con la cual se expusieron las disposiciones constitucionales y legales que imposibilitan el embargo de los recursos públicos de la seguridad social en salud, salvo en los casos que apliquen las expresas excepciones establecidas vía jurisprudencia constitucional y la inviabilidad de que las E.S.E. adelanten procesos administrativos de cobro coactivo.
En ese orden de ideas, el Ministerio Público manifestó tener conocimiento de que algunos jueces y representantes legales de los hospitales adelantaron providencias o actos administrativos ordenando el embargo de los multimillonarios recursos de la salud administrados por las entidades promotoras de salud (EPS) y la Administradora de Recursos de la Salud (Adres).
Los indicios que investiga hablan de que algunos de ellos han llegado a amenazar con procesos judiciales y denuncias penales a las entidades bancarias que, acatando la normatividad vigente, se han negado a ejecutar las medidas de embargo que ordenan. Según la Procuraduría, existía un grupo de abogados que pactó representar a las E.S.E. para hacer esos recaudos ilegales a cambio de honorarios del 30% del valor recaudado. Los jueves que ordenaron estos embargos también serán investigados.
Otra cosa que llama la atención es que no la Nueva EPS no hubiera adelantado una defensa jurídica en su momento para pelear ante la justicia por esos cobros excesivos. Otras de las entidades afectadas fueron Savia, Sura y Coosalud.