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Internacional

México ante la crisis económica que viene

López Obrador y, a su derecha, el ministro de Hacienda, Arturo Herrera, durante una conferencia del G-20. AFP

MÉXICO:

JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA

Aún no conocemos los alcances de la inminente crisis económica, pero más allá de la pérdida de miles de vidas, la consecuencia de la pandemia de la Covid-19 será una de las recesiones económicas más severas que hemos vivido. México no será la excepción.

TOMADA DE:https://elpais.com/

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Los principales analistas ven al país en una situación particularmente frágil. Las estimaciones auguran una contracción del PIB entre el 5% y el 7% para 2020.

En el corto plazo, habrá una afectación a la oferta por la disminución de la capacidad productiva como resultado de una caída en la fuerza de trabajo y la interrupción de las cadenas de suministro. Posteriormente, la demanda caerá producto de una caída del consumo por el aislamiento social, una inversión que ya venía en picada y una contracción del gasto público por el desplome de los ingresos tributarios.

Situaciones extraordinarias llaman a tomar acciones excepcionales. Los gobiernos de prácticamente todos los países del mundo están tomando medidas para enfrentar la crisis. Algunas de estas intervenciones han sido de política monetaria: reducir tasas de interés mientras se inyecta liquidez al sistema bancario para evitar un contagio al sector financiero. Las propuestas y acciones más ambiciosas, no obstante, están en la política fiscal.

La respuesta del Estado mexicano debe ser proporcional al tamaño de la crisis que enfrentaremos. Debe ampliar de forma significativa el gasto público y así, buscar reactivar la economía. Las medidas propuestas dentro del Consejo Consultivo Ciudadano: Pensando en México plantean tres horizontes: inmediato, a corto y mediano plazo. A esta iniciativa se han sumado otras del economista Santiago Levy, organismos empresariales y gobiernos estatales.

Más allá de la urgencia de transferir todos los recursos necesarios al sector salud y postergar los pagos de seguridad social y las declaraciones anuales, la medida inmediata más imperativa es apoyar a las empresas más frágiles para que no cierren y millones de mexicanos pierdan su empleo. Para esto, proponemos que el Estado asuma el papel de comprador de último recurso para los sectores en mayor riesgo. Esto consiste en que el Gobierno reponga los ingresos por ventas perdidas para las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores de comercio al por menor y de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

Estos dos sectores están en particular riesgo por la caída de ventas y la fragilidad financiera de las empresas que los componen. Las transferencias no tienen que ser a fondo perdido. El Estado puede comprar de forma anticipada servicios que ya consume, por ejemplo, la estancia en hoteles de servidores públicos. También podría pagar hospedajes a los trabajadores del sector salud que temen poner en riesgo a sus familias. O incluso, utilizar los hoteles como centros de aislamiento social para personas positivas de la Covid-19, pero que no tengan necesidad de un cuidado médico intensivo. También podrían comprar los inventarios de tiendas al por menor para distribuirlos entre la población.

Una estimación propia indica que reponer el 40% de la demanda durante tres meses equivaldría a 2,6% del PIB. No es poca cosa. Prevendría que 2,4 millones de empresas, que emplean a más de 13 millones de trabajadores, quiebren y que sus trabajadores pierdan su empleo.

Esta medida está inspirada en la propuesta publicada por los economistas Saez & Zucman que plantean una intervención de esta naturaleza para toda la economía estadounidense. Claramente el Estado mexicano no tiene la capacidad para un esfuerzo de esta magnitud, pero sí para ayudar a las empresas que están en mayor riesgo.

En el corto plazo —abril— la propuesta es no solo acelerar la dispersión de las transferencias monetarias sino aumentarlas. El objetivo es inyectar dinero a la economía para reactivar el consumo lo antes posible. La idea se centra, en primer lugar, en aumentar las pensiones de adultos mayores en un 25 % porque es uno de los programas gubernamentales más avanzados y donde será sencillo aumentar su dispersión. Al mismo tiempo, crear un seguro de desempleo, administrado por el IMSS que dé al trabajador el 50 % de su salario hasta por seis meses. Ambos programas costarían 0,8% del PIB según las estimaciones iniciales.

El esfuerzo de enfocarse en los trabajadores formales se debe a la facilidad de su implementación y la velocidad que la acción requiere. Se ha mencionado, acertadamente, que los trabajadores informales, el 56% de la fuerza laboral en el país, son los más vulnerables en la crisis que viene. Pero la realidad es que, si en circunstancias normales el Gobierno tiene dificultades para llegar a ellos, en estas condiciones será imposible alcanzarlos con la velocidad necesaria.

Para reactivar el consumo hay que inyectar recursos rápido; hay que poner dinero en las manos de la gente para que consuma lo antes posible. Si se pone a disposición de los trabajadores formales o se garantiza que las empresas no cierren y sigan pagando los salarios, el dinero llegará al resto de la economía a través del consumo. Es un acierto enfocarse en los más vulnerables, pero debemos tener en cuenta la capacidad del Estado al plantear estas intervenciones.

En el mediano plazo, al concluir la crisis sanitaria, la propuesta es lanzar un gran plan de infraestructura. A pesar de los proyectos icónicos del Gobierno, el presupuesto de 2020 contemplaba la inversión pública más baja de la historia y la construcción ya estaba deprimida en México por una serie de razones en las que no profundiza este texto. Este plan debe estar enfocado en infraestructura de transporte, de salud, educación y urbana. Ya existen versiones del plan, que incluso puede ser financiado por el sector privado.

Los grandes proyectos del Gobierno deben ser revaluados. El aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya no se deben detener; al contrario, se debe acelerar el gasto en ellos. La refinería de Dos Bocas, no obstante, debe cancelarse. Si antes de la caída de los precios del petróleo era un mal negocio, ahora es una máquina de perder dinero. El plan de inversión de Pemex debe ser descartado y reemplazado por uno que tome en cuenta la nueva realidad del valor del crudo. Ninguno de los nuevos proyectos de Pemex es viable con los precios actuales. Los recursos de la cancelación de Dos Bocas y la reducción del plan de inversiones de Pemex pueden ser transferidos a los programas citados anteriormente.

Hasta ahora, solamente el Infonavit, el instituto de vivienda de los trabajadores, ha presentado acciones que abonan en la dirección correcta, como un seguro de desempleo y diferimientos de pago. Pero el resto del Gobierno brilla por su ausencia. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decepcionó con su intervención en la Convención Bancaria, donde no anunció ninguna medida contra la crisis económica. Por si fuera poco, el presidente planea reducir aún más los salarios de funcionarios públicos. Mientras, el SAT no posterga las declaraciones y pide ser “solidarios”. Aunque al país le urge recaudar más impuestos, este no es el momento. La venta para una reforma fiscal se ha esfumado. En este momento lo que urge es poner dinero en las manos de la gente para que gaste, pero el Gobierno hace todo lo contrario.

Debe abandonarse la restricción del superávit primario autoimpuesta por el Gobierno y utilizar la línea de crédito flexible que tiene México con el Fondo Monetario Internacional por 61.000 millones de dólares y los 158.000 millones de pesos que quedan en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Hace casi 90 años, durante la Gran Depresión, J.M. Keynes recetó que la única manera de salir de una crisis de esa magnitud es incrementando la demanda a través de una expansión significativa del gasto del Gobierno. Decir que la respuesta de nuestro Gobierno ha sido tímida, sería ser generosos. Estamos ante lo que probablemente será la crisis económica más profunda de las últimas décadas y las respuestas deben ser proporcionales. Hasta ahora, la Administración parece desdeñar las recomendaciones de política económica que guiaron a gobiernos de izquierda durante más de 30 años e insiste en el dogma neoliberal de mantener “las finanzas públicas sanas”.

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