Tras una visita de seguimiento y la advertencia de riesgos por parte de la Contraloría, el Gobierno Nacional anunció medidas para agilizar el trámite.
Este jueves 24 de abril, la Contraloría General de la República convocó a diversas autoridades del orden nacional, departamental y distrital a una visita de seguimiento para analizar el estado del megaproyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, cuyas obras principales han estado paralizadas debido al trámite de licencia ambiental que debe surtirse.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, explicó que la fase constructiva del proyecto debió comenzar en diciembre de 2024, pues hasta el momento solo se han realizado trabajos preliminares de dragado. En este sentido, advirtió un riesgo fiscal de hasta hasta $434 mil millones en caso de que el contrato de concesión pueda tener una terminación anticipada por los retrasos.
Aún así, el funcionario propuso al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Ambiente, pensar en alternativas para destrabar las obras. “Aunque estos riesgos fueron oportunamente alertados y advertidos por la Contraloría, creemos que todavía pueden ser adecuadamente gestionados y resueltos con pleno apego a la ley y al contrato vigente, de forma que se evite su materialización y no se conviertan en una presunta causal para una eventual terminación anticipada”, dijo.
Una de sus propuestas es revisar los requisitos del licenciamiento ambiental para que se evalúe excluir algunas unidades funcionales relacionadas a obras que puedan adelantarse sin necesidad de cumplir el trámite, de tal manera que se pueda avanzar en los trabajos.
Así mismo, pidió compromiso de las autoridades involucradas para agilizar al máximo el proceso de presentación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con el fin de avanzar en la protocolización de nuevas consultas previas que puedan surgir de este proceso y se pueda adelantar la fase constructiva lo más pronto posible.
Firman otrosí al contrato de concesión
Ante los riesgos expuestos por la Contraloría, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, contó que ya se firmó un otrosí con el concesionario para adelantar el Estudio de Impacto Ambiental exigido por la ANLA.
“El otrosí permite a avanzar en el Estudio de Impacto Ambiental de cara al licenciamiento y a reconocer otras complejidades del proyecto, como por ejemplo, poder adoptar unos protocolos frente a los requerimientos que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, explicó Rojas.
La ministra aseguró que el otrosí garantiza que no habrá una terminación anticipada del contrato, pues reafirma el compromiso de sacar adelante las obras. “Este es un proyecto ambiental importante, trascendental, no solo para Cartagena sino para otros 18 municipios en tres departamentos y vamos a trabajar para que toda la degradación ambiental que se ha presentado en la zona pueda ser detenida, controlada y revertida”, afirmó.
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres Yarzagaray, precisó que el otrosí fue firmado el pasado 22 de abril y que ya se concertaron mesas de trabajo para discutir la propuesta realizada por la Contraloría de excluir ciertas unidades funcionales del proceso de licenciamiento.
En especial, se habló de las unidades 13 y 14, que contemplan obras en puntos críticos identificados para proteger áreas sensibles a la erosión. “Ya estamos concertando una mesa técnica al interior de la ANI para revisar los criterios de esas unidades funcionales y después otra mesa con la ANLA. Esto le va a ayudar al proyecto a materializar desde ya ejercicios con relación a su ejecución”, puntualizó.
ANLA, a la espera del Estudio de Impacto Ambiental
Por su parte, Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), indicó que la entidad está atenta a que el concesionario presente el Estudio de Impacto Ambiental para comenzar con el análisis que dará luz verde a las obras.
“En agosto de 2024 la autoridad dio los términos de referencia para que se pudiera comenzar el Estudio de Impacto Ambiental. Ahora es el concesionario el que debe decidir qué incluye y qué excluye”, dijo.
La funcionaria recibió con beneplácito la firma del otrosí y afirmó estar a la expectativa de la presentación del documento. “Una vez recibamos el Estudio de Impacto Ambiental vamos a ser lo más ágiles y garantistas posibles para entregar nuestro concepto técnico en el momento oportuno. Nuestro compromiso como gobierno es que esta obra se haga para el bien de las comunidades y para la recuperación ecosistémica”, expresó.
En cuanto a tiempos, Vélez reiteró que todo depende de que el concesionario presente el documento, sin embargo, manifestó que una vez esto suceda, puede tomar aproximadamente seis meses llevar a cabo el licenciamiento, pues en este período deben hacerse visitas técnicas, mesas de trabajo y atenderse los requerimientos a los que haya lugar, incluidas consultas previas, de ser necesario.
“La etapa constructiva debe iniciar cuando se haya otorgado la licencia para aquellas áreas y desarrollos del proyecto que así lo requieran. Nosotros estamos aquí para garantizar la sostenibilidad y que las comunidades sean escuchadas”, puntualizó.
Gobernación de Bolívar y Alcaldía de Cartagena se pronuncian
Tras la visita de seguimiento, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, reiteró la importancia de que el megaproyecto salga adelante.
“Manifestamos que este es un proyecto de recuperación ambiental de ecosistemas y de protección de orillas que va a garantizar que 19 municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre no se vuelvan a inundar”, dijo.
A su vez, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que este proyecto no solo es de interés regional sino nacional. “Este es un proyecto que fortalece la economía nacional, garantiza la operación portuaria, el agua potable y que le permite a los municipios tener un control específico de inundaciones. Lo que hemos dicho en esta conversación es que ya no demoren más el proyecto”, aseguró.
Tanto el gobernador Arana como el alcalde Turbay habían manifestado su rechazo al requisito de licencia ambiental, sin embargo, tras la visita de las autoridades nacionales y los compromisos realizados, manifestaron su entusiasmo por que el proyecto avance.
Sobre el megaproyecto del Canal del Dique
El megaproyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique contempla una inversión superior a los $3,2 billones y consiste fundamentalmente en la construcción de dos sistemas de esclusas, compuertas y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del Canal del Dique.
Estos trabajos prometen controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, los sedimentos que ingresan a la Bahía de Cartagena y mejorar la navegabilidad del canal.
De este proyecto se beneficiarán municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.