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Más de $23 mil millones en riesgo por obras inconclusas o sin uso en cárcel de Ternera

Caracol Radio

Sebastián Bossa Cassiani

La Contraloría evidenció que tres pabellones se encuentran sin uso y la obra se pagó en 2020.

La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para determinar posible pérdida de dineros públicos en la construcción de la obra de infraestructura modular en la cárcel San Sebastián de Ternera de Cartagena, en el departamento de Bolívar.

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Producto de una Actuación Especial de Fiscalización a la USPEC y al INPEC, realizada en el 2023, se abrió esta indagación preliminar luego de determinarse un hallazgo con presunta incidencia fiscal por un valor de $23.219 millones.

La Contraloría Delegada para el Sector Justicia realizó un recorrido por tres pabellones, los cuales se encontraban sin uso. La obra se pagó en el 2020 y al momento de la visita del grupo auditor aún no entraba en funcionamiento.

Actualmente el tema se encuentra en indagación, para verificar qué tanto se han implementado las medidas correctivas o si persisten inconsistencias en el uso de dichas obras.

Centro de preparación y distribución de alimentos tampoco funciona
Las obras adelantadas en el rancho de la prisión también son investigadas. El contrato de obra se entregó a satisfacción y se liquidó en el 2022, sin embargo, la Delegada de Justicia, en la más reciente visita realizada en junio pasado, verificó que aún no se encontraba en uso.

La puesta en funcionamiento no ha sido posible, pues aún no cuenta con los elementos mínimos de operación y de dotación respectiva. A pesar de haber sido pagada la construcción del rancho, actualmente no se está utilizado el espacio entregado por parte del contratista, lo que evidencia un menoscabo a los recursos públicos por valor de $1.148 millones.

Los responsables de la alimentación organizan y distribuyen la comida a la intemperie en la cárcel. los alimentos llegan en vehículos particulares, en una zona al aire libre se realiza el alistamiento, la distribución y asignación sin las condiciones mínimas de salubridad.

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