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Marzo, nuevo plazo para propuestas de protección costera

SOFÍA FLÓREZ

Desde hace varios años, Cartagena, especialmente en sus zonas costeras, como el Centro Histórico y el barrio de Bocagrande, viene sufriendo por las inundaciones de agua de mar y la erosión, a causa del cambio climático y el incremento del nivel del mar que este produce.

TOMADA DE:eluniversal.com.co

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Esta situación llevó a que en 2018 la Alcaldía declarara calamidad pública en la ciudad, lo cual derivó en un convenio entre el Distrito y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que se incluyó en el plan específico diseñado para atender dicha emergencia, ahora, aunque la etapa de calamidad venció, el plan específico se encuentran vigente y contempla como eje el desarrollo del macroproyecto de protección costera.

Dicho proyecto busca retornar a la normalidad las condiciones de las zonas afectadas por la erosión, generar un proceso de desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas que son impactadas por el fenómeno, sin embargo, pese a los beneficios que supone la megaobra, son varias las observaciones que se han hecho a lo largo del proceso de contratación de las mismas, que lidera desde hace 18 meses la Ungrd.

Falta de información de las empresas que se presentaron al proceso así como de las evaluaciones hechas a los interesados en el proyecto y constantes cambios en el cronograma, han sido algunas de las observaciones que oficialmente han sido presentadas por veedurías, como Funcicar, a la Ungrd, aunque extraoficialmente se han hecho otras, como observaciones a la forma en la que se adelanta la contratación bajo el régimen privado, la posible falta de presupuesto y omisión en publicación de prórrogas con el fin de favorecer a los participantes.

Gerardo Jaramillo Montenegro, subdirector general de la Ungrd, en dialogó con El Universal resolvió las dudas presentadas y aseguró que la contratación se adelanta de manera pública y transparente.

Contratación Especial
En repetidas ocasiones se ha cuestionado el hecho de que el contrato de obras e interventoría no se rige por la Ley 80 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), a lo cual Jaramillo explicó que la Ungrd se rige bajo la modalidad de régimen especial, amparada en la Ley 1523 de 2012 y la Resolución 726 de 2019, que establece de manera previa las etapas necesarias para la elección del contratista idóneo.

“Se debe entender que el régimen de contratación del Fondo Nacional del Riesgo de Desastres, es como entre particulares, se rige bajo situación excepcional amparados en la calamidad pública. Este régimen está certificado en normas de gestión pública, somos de las pocas entidades que tienen las tres certificaciones en las normas públicas y aparte contamos con procedimientos que han sido avalados por los entes de control y la banca multilateral, porque aparte de las auditorías que nos hacen los entes de control, la banca multilateral contrata auditorías internacionales para ver cómo nosotros estamos ejecutando, todas las calificaciones han sido satisfactorias. Los procedimientos internos de la Ungrd para contratar, en el marco del derecho privado, son mucho más simple y sencillos que lo que se está haciendo con la contratación para el proceso de protección costera, en los otros procesos tenemos unas invitaciones, y la selección es corta y cerrada, porque esa es la forma en como garantizamos la debida ejecución, pero para este caso diseñamos un proceso de contratación diferente pero que cumple todos los principios de la contratación pública estatal”.

Prórrogas e información
En cuanto a la falta de información y cambios en el cronograma, Jaramillo destacó que esto es normal en cualquier contratación.

“Este proceso no es perfecto, ha tenido oportunidades de mejoras desde que nació, y consideramos todas las observaciones que nos hacen. Estamos tratando todos los día de mejorar y hacer este proceso mas público, visible y transparente, garantizando el cumplimento de los principios de la contratación estatal, de transparencia y eficiencia más allá de lo que establece la Ley 80, que es totalmente cerrado, ya que en este se aprueba el prepliego y ya después pasa al pliego de condiciones y ese no es modificable, por el contrario nosotros hemos tenido un proceso de evolución. Lo que nosotros hacemos es brindar una información más amplia y didáctica, y ha permitido la participación de todos, además toda la información se ha enviado de manera directa a los proponentes, ese canal directo con los interesados se complementa con la página web, ninguno de los otros proyecto tienen un página específica, y ahora se está volcando a manera negativa, estamos publicitando todo, pero la idea no es que sea negativo, sino que cualquier persona pueda consultar el estado del proyecto, porque el principal veedor es el ciudadano. Ahora, en cuanto a las prórrogas, hay que entender que las adendas permiten hacer modificaciones al cronograma para garantizar los derechos, entre esos los de los proponentes, pues ellos también tienen derechos, 5 de las 7 modificaciones del cronograma fueron solicitadas por los proponentes, además respondimos más de 380 observaciones en el período de evaluación”.

Así es el proceso
Jaramillo explica que se creó un modelo diferente al que usualmente usan en la Ungrd atendiendo las sugerencias de entes de control, Concejo, veedurías, etc, que pedían que el proceso fuese más abierto y transparente.

“Configuramos un mecanismo jurídico que para ejecutar el proyecto, pero nuestra idea jamás ha sido imponer nada, decidimos no utilizar el normal proceso de selección que adelanta la Ungrd en el marco de situaciones excepcionales, porque se nos pedía un proceso donde se garantizara la veeduría, la participación de internacionales, donde se garantizara la capacidad técnica y jurídica, y con base en eso formulamos el proceso de contratación que fue socializado previo a su formalización y se comunicó a los entes de control. Toda la estructuración jurídica fue pública desde el primer momento, se reglamentó en un acto administrativo y eso ha permitido que saquemos adelante la contratación que tiene como primera fase la configuración de una lista corta de posibles proponentes, que nos garantice que cumplan las condiciones. Logramos una convocatoria y de los 49 quedaron habilitados 32, en principio fueron 29, como en todo proceso las firmas hicieron observaciones, y se habilitaron tres más”.

Amplían plazo
Ayer la Ungrd publicó una nueva modificación en el cronograma, esto atendiendo la solicitud de 9 de los 32 proponentes, que pidieron prórrogas en el tiempo de presentación de la oferta y además se tienen 248 preguntas sobre la fase dos de contratación de obra. El nuevo plazo para entrega de propuestas para obra es el 18 de marzo, mientras que para la interventoría es el 25 de marzo.
Funcicar
“Tras haber recibido una comunicación formal de la Ungrd y sostener una reunión, en donde precisamos nuestras observaciones sobre el acceso a la información y presentamos algunas consideraciones alrededor del documento técnico; recibimos por parte del subdirector de esta entidad una apertura al ejercicio de control social, dando como resultado los ajustes de calidad de la información que realizaron en la página web.

Funcicar continuará priorizando el seguimiento a este proyecto, dada su importancia estratégica para el país y la ciudad”.

Así van los contratos
1. Plan de manejo arqueológico

Valor: $385 millones

Estado: adjudicado a la Universidad del Norte

2. Plan de Gestión social

Valor: $4.683 millones

Estado: se inició hace dos semanas, y lo desarrollará el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

3. Implementación del PMA

Objeto: se debe buscar una firma que implemente el plan formulado por la Universidad del Norte

4. Inspector Dimar – Oceanográfo

Valor: $157 millones

Estado: Contratado

5. Servicios de monitoreo y seguimiento del desarrollo de las obras

Valor: $1.152 millones

Estado: se surtió la calificación y evaluación de proponentes, en dos semana se formaliza.

6. Obras

Valor: $137.636 millones

Estado: se habilitaron 32 proponentes, hasta el 18 de marzo pueden presentar sus propuestas y se espera que las obras comiencen en julio.

7. Interventoría

Valor: $7.867 millones

Estado: se amplió el plazo para presentar propuestas hasta el 25 de marzo.

8. Convenio con la Universidad de Cartagena

Valor: $800 millones

Estado: pendiente

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