MÉXICO:
La retirada de 140 triciclos en una Alcaldía de la capital evidencia la falta de un criterio común para abordar el trabajo callejero.
El ritmo en los alrededores del metro de Polanco, a las nueve de la mañana de un miércoles, lo marcan ciudadanos que ocupan el mismo espacio aunque casi no se cruzan.
Hay oficinistas que llegan de negro y tacones, vecinos que han salido a correr por el boulevard verde de una de las zonas más caras de Ciudad de México, y también vendedores ambulantes que esperan en las esquinas para ganar, quizás, 200 pesos (unos nueve dólares) en todo el día.
A cientos de trabajadores como ellos, que se ganan la vida en esta colonia y en la vecina Granada, las primeras semanas de agosto les confiscaron sus triciclos —sus herramientas de empleo y transporte— por salir a trabajar en la pandemia y “no cumplir con el semáforo naranja”, según justificaron las autoridades. Sin embargo, detrás de las razones oficiales, los ambulantes se han convertido en uno de los eslabones más vulnerables de una sociedad que empuja sus males hacia abajo: víctimas de la informalidad, de la falta de una política clara y del clasismo o la intolerancia de los vecinos, quedan expuestos a abusos y extorsiones mientras intentan subsistir.
No era la primera vez que ocurría algo así en estos barrios, ni en la Alcaldía Miguel Hidalgo a la que pertenecen, ni mucho menos en Ciudad de México. Pero una decisión así, en medio de una crisis que ya ha empujado al desempleo a más de 1,1 millones de personas en el país, puso en evidencia la falta de un criterio común para abordar la venta callejera en la capital. Y la vulnerabilidad a la que están expuestos quienes salen a buscar el sustento diario con la venta ambulante.
Federico Méndez, que aguarda en una esquina de Polanco desde la madrugada, tiene todavía algunos panes dulces en el canasto. Las ventas han bajado, dice, pero sigue despertándose a las tres de la mañana para salir a trabajar. Su caso es uno de los que engrosa las estadísticas de la informalidad de México, que ha alcanzado a 22,6 millones de personas con empleos precarios, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Méndez, de 28 años y padre de dos niñas, volvió a las calles cuando las autoridades relajaron las medidas de prevención contra la covid-19: “Me dijeron que estaba el semáforo en naranja y podía trabajar, y después me dijeron que no”. Fue entonces cuando le quitaron el primer triciclo. En total, van tres, asegura.
Uno de estos vehículos nuevo puede costar entre 3.000 y 7.000 pesos (entre 130 y 320 dólares, aproximadamente), o incluso más, dependiendo del modelo. No todos los trabajadores ambulantes poseen uno, sino que a veces los alquilan a “líderes” que les cobran para poder trabajar. Puede ser una cuota mensual o semanal, fija o proporcional a las ganancias. Las autoridades de la Miguel Hidalgo amontonan los que confiscan en un depósito al aire libre donde se acumulan toneladas de fierro y cachivaches desde hace años: sillas, escaleras, ventanas, ollas, culebras, ratas, hasta tlacuaches.
A Gilberto Morales, de 25 años, le han decomisado un triciclo y ha tenido que invertir nuevamente en botes de tamales y un nuevo vehículo. Vendía entre 80 y 100 unidades de mercancía, pero con la contingencia sanitaria ahora no llega ni a 50. “Lo único que uno quiere es trabajar para sacar adelante a la familia”, comenta. Son pocos los que quieren opinar porque “está delicado hablar de más o hablar de menos”, dice otro vendedor, aunque reconoce que en la zona, que “antes parecía tianguis [un mercado al aire libre]”, es común ver furgonetas llevándose los triciclos de los trabajadores. “Está muy grave con nosotros”, lamenta.
Hegel Cortés, director general de Gobierno de la Alcaldía Miguel Hidalgo, dijo esta semana que 140 triciclos habían sido retirados en Polanco y Granada y estaban en uno de esos almacenes municipales para ser destruidos próximamente. El tuit, con dos fotos, bastó para encender las redes sociales. “Se levantaron los que no tienen permiso bajo la queja o denuncia ciudadana”, dijo el funcionario en entrevista con EL PAÍS. En las colonias Polanco y Granada, donde se hacen estos operativos de retiro de comerciantes, hay registradas 3.652 quejas ciudadanas en lo que va del año, según Cortés.
Muchos de los vendedores ambulantes de los que se quejan los vecinos en estas colonias acomodadas, explicará después la socióloga Paloma Villagómez, son la fuente de alimentación para personas de sectores populares que mantienen las casas o atienden comercios u oficinas que pertenecen a esos mismos vecinos.
La ambigüedad, la extorsión y la sanción
La decisión de la Alcaldía Miguel Hidalgo de confiscar los triciclos parece diferir, al menos en las intenciones, con el discurso del Gobierno capitalino, que no ha respondido a las consultas de este periódico “porque es un tema de la Alcaldía”. Antes de la polémica, sin embargo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, había defendido el “derecho al trabajo” de quienes “históricamente han trabajado en vía pública”.
“Está el discurso más abierto y más dispuesto al diálogo de la jefa de Gobierno y luego están estas actitudes de funcionarios de mandos medios mucho más arbitrarias, drásticas e inflexibles”, analiza Paloma Villagómez, que se especializa en alimentación, pobreza y desigualdad. “Tiene que haber un mensaje unificado de la Administración pública porque si no parece simulación y da la impresión de que hay un discurso hacia afuera y otro hacia adentro”, analiza.
Estas acciones contra los comerciantes ambulantes no son exclusivas de una sola Alcaldía. Los ejemplos continúan más allá de Miguel Hidalgo: fue sonada la agresión a la vendedora muxe LadyTacos en la Alcaldía de Cuauhtémoc el pasado diciembre, y este jueves la policía nuevamente intentó confiscarle sus mercancías y su bicicleta (después le han pagado los tacos y le han asignado otro espacio para vender, en Pino Suárez, según escribió la trabajadora en sus redes sociales). Durante la pandemia se han visto imágenes de policías echando a artesanos del Zócalo, en el centro de la capital, y al cierre de este reportaje circulaban imágenes de una vendedora de hortalizas llorando en la calle tras un decomiso. Cuando no se esgrime la pandemia como pretexto, los argumentos son que a los vendedores les faltan permisos o que las autoridades pretenden debilitar a mafias que extorsionan a los trabajadores.
Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, una organización que trabaja con personas que viven en las calles de la Ciudad de México, critica que los vendedores se conviertan en “una presa fácil de la extorsión porque las Alcaldías no están dando permisos para que la gente pueda vender”. Las autorizaciones para operar en la vía pública cuestan 300 pesos (unos 14 dólares) y tienen que ser renovadas cada tres meses. Para obtenerlas, los vendedores deben pagar a las Alcaldías y entregarles una serie de documentos identificatorios, un croquis del área donde venderán, una descripción de su mercancía y dos fotografías recientes. Si las autoridades les retiran sus vehículos, los trabajadores tienen que pagar una multa de 250 pesos (11 dólares) para tenerlos de regreso. Sin embargo, varios vendedores aseguran que, además, hay funcionarios municipales que les cobran entre 50 y 200 pesos semanales, según la zona. “Lo que pueda significar eso para un servidor público que no te da un recibo”, incide Hernández. En un país donde más de la mitad de la población es pobre, “la única alternativa” para millones de personas es el comercio informal, señala el director de la ONG. Los problemas, cree, llegan en parte por la falta de regulación del comercio ambulante: “No lo han podido hacer nunca”.
Tiana Bakić Hayden, investigadora de Estudios Urbanos en el Colegio de México, explica que desde la segunda mitad del siglo XX las autoridades establecieron “una relación de tolerancia muy inestable e impredecible” como política hacia los trabajadores informales, que termina resultando “dañina”. “Se permite que sigan funcionando en un estado semiformalizado (con permisos) o se restringe su actividad, muchas veces como respuestas a presiones de grupos de vecinos sobre todo en barrios de élite o gentrificados”, explica la doctora en Antropología.
“Los vecinos de este tipo de zonas consideran que los vendedores se ven mal, que son sucios y que se ven feos o poco acordes a las fachadas de sus edificios”, asegura Tania Espinosa Sánchez, representante en México de la organización Wiego (sigla en inglés de Mujeres en empleo informal globalizando y organizando). El estigma, dice, se gesta desde las autoridades locales. “Lo que hace la Alcaldía es lavarse las manos, pero no señala que no hay sustento jurídico para quitarle sus herramientas”, dice Espinosa, quien asegura que lo que ha hecho la Alcaldía está prohibido por ley.
De acuerdo con el artículo 54 del Reglamento de Trabajadores no Asalariados de Ciudad de México (que incluye a los comerciantes informales), los agentes locales “en ningún caso podrán recoger los utensilios o instrumentos de trabajo a los no asalariados”. “Los vecinos reclaman a través de grupos de WhatsApp que se quite a los comerciantes, y los funcionarios notifican a los residentes cuando se hace [el retiro]”, señala la representante de Wiego.
Conversación entre vecinos y autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Conversación entre vecinos y autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Tras la publicación del controvertido tuit el pasado sábado, el funcionario que lo escribió se retractó y dijo que la expresión “destruir” había sido “desafortunada” y que los vehículos se someterían a “un proceso apegado a la normatividad administrativa”. Prometió también “mil trabajos” en la Alcaldía y “diálogo”. Hasta mediados de semana, se habían devuelto 37 vehículos tras el pago de la multa.
Esta “ambigüedad” entre la tolerancia y la sanción pública, explica Villagómez, tiene que ver con que estos trabajadores “están haciendo parte del trabajo [del Estado]”. Los trabajadores informales aportan el 22% del PIB del país, pero además, dice la socióloga, los vendedores ambulantes “cumplen con la función de alimentar a sectores populares que no tendrían otra manera [en zonas caras de la capital]”.
El café con pan dulce que ofrece Federico Méndez en una esquina de Polanco cuesta 16 pesos; en un supermercado cercano, solo el café cuesta 18 pesos, y en una cadena de cafeterías, el triple. Aunque el trajín no se frena alrededor del metro de Polanco, los vendedores ambulantes solo tienen permitido permanecer con sus triciclos hasta las diez de la mañana. A Méndez todavía le quedan algunos panes y agua en su termo, pero prefiere retirarse a encontrar problemas con las autoridades. Regresará mañana, antes de que amanezca, para intentar ganar 200 pesos.
