La confesión de un capitán barranquillero sobre masacre de Apartadó

Habitantes de Apartadó, en Antioquia, entierran un cuerpo, tras la masacre perpetrada en 2005.

POR: TOMÁS BETÍN

La Corte acaba de condenar a 34 años a seis militares por la matanza. EL HERALDO conoció la confesión de Guillermo Gordillo, quien pide pista en la JEP.

TOMADA DE:elheraldo.co

En medio de la reciente condena de la Corte Suprema a seis militares por la masacre de Apartadó, Antioquia, perpetrada el 21 de febrero de 2005, el capitán barranquillero del Ejército Gustavo Gordillo confesó lo ocurrido y ahora pide pista en la JEP.

A 34 años de prisión condenó el alto tribunal al coronel Orlando Espinosa, al mayor José Castaño López, a los sargentos Henry Agudelo y Ángel Padilla, y a los cabos Ricardo Bastidas y Sabarín Cruz, por la matanza de tres niños y cinco adultos de la comunidad de paz del municipio antioqueño, perpetrada por grupos paramilitares.

EL HERALDO conoció el acta de aceptación de cargos y la medida de aseguramiento contra Gordillo -quien fue condenado a 20 años de cárcel por la masacre-, en la que cuenta que los militares patrullaron junto a los paramilitares en el marco de la operación ‘Fénix’, contra las Farc, ya que la idea era culpar a la desmovilizada guerrilla de la matanza, usando testigos falsos pagados por las AUC.

En el fallo, de 74 páginas, la alta corte advierte que, en efecto, medio centenar de paramilitares al mando de alias Don Berna patrullaron junto a unos 300 militares de la Brigada XVII del Ejército y que “los miembros del bloque Héroes de Tolová de las AUC dieron muerte a ocho civiles, so pretexto de que se trataba de guerrilleros, y en fosas comunes enterraron los cuerpos de unas de las víctimas, mientras que los de otras los dejaron ocultos entre la vegetación”.

Los militares y los paramilitares además, se lee, durmieron juntos en los campamentos y compartieron raciones de campaña. Por supuesto, los uniformados nunca dieron aviso de los asesinatos perpetrados por las autodefensas. Al operativo irregular se unió el Comando Conjunto Caribe, a cargo del general (r) Mario Montoya.

Por eso, la Corte Suprema, en el marco de la sentencia, revocó fallos absolutorios del Tribunal Superior de Antioquia y de un juzgado especializado de Antioquia, y ordenó la captura de los uniformados y los condenó al pago de $15 mil millones de multa.

Así mismo, al menos 20 paramilitares han sido sentenciados por su responsabilidad en esta masacre.

Gordillo ahora quiere entrar a la JEP, luego de que la Corte Suprema enviara en agosto de 2018 todo el expediente de la masacre de Apartadó al tribunal de paz, en el marco de la solicitud de acogimiento de los uniformados Édgar García y Darío Brango a la Jurisdicción Especial.

Hechos en La Guajira

Gordillo confesó, además, cómo también perpetró con varios uniformados, un año después de la masacre antioqueña, cinco asesinatos en Dibulla, La Guajira, contra jóvenes valduparenses a quienes les habían ofrecido un supuesto ‘trabajo’ en la península pero luego los hicieron pasar como guerrilleros de las Farc.

El año pasado, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla confirmó en medio de este caso la medida de aseguramiento de detención preventiva contra el resto de militares presuntamente implicados en las ejecuciones extrajudiciales de La Guajira: Oswaldo Álvarez, Jorge Añez, Diomar Becerra, Andrés Ardila y Your Álvarez, y se revocó la medida contra Samuel Parra.

Los hechos, por los que se les imputaron los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro simple agravado, se dieron hace 12 años: el 16 de agosto de 2006, en la finca ‘El Cafetal’, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, cuando en un supuesto reportado combate entre la Compañía Águila 2 del Batallón de Contraguerrilla No. 2 Guajiro del Ejército, perdieron la vida cinco personas, cuatro de las cuales fueron identificadas como John Jairo Núñez Camelo, Énder José Hernández Guerrero, Yefris Jesús Angulo Sarmiento y Arnoldo Herrera viñas.

Sobre Núñez, Hernández, Angulo y Herrera, “los familiares de las víctimas afirman que no eran miembros de grupo ilegal alguno”, señala la Fiscalía en la resolución.

Además, los familiares de las víctimas dieron fe de que, por ejemplo, uno de ellos, John Núñez, acababa de salir de un centro médico, porque tenía problemas mentales, y que todos vivían en barrios populares de Valledupar y Manaure.

Explicó el ente acusador que “las víctimas se movilizaron de Valledupar hacia el lugar de su muerte bajo la promesa de un trabajo ilegal o presunta vinculación al Ejército Nacional”.

Georgina Angulo, madre de Yefri Angulo, contó a EL HERALDO que su hijo salió de su casa el 16 de agosto de 2006 hacia el Batallón La Popa de Valledupar, a prestar el servicio militar porque se quería quedar en el ente castrñense “para cambiarme la vida, me dijo”. Un día después lo mataron. Tenía 19 años.

“Ese día me llamó desde La Popa a la 1:40 de la tarde y me dijo que se lo llevaban para La Guajira. Pero nunca más supe de él. Días después en el Batallón me dijeron que dizque no se había presentado. Ocho años después apareció en Palomino, muerto dizque por ser de las Farc, pero cómo mi hijo va a ser de las Farc, si él era sano, practicaba boxeo”, aseveró la madre de la víctima.

Sobre Arnoldo Herrera, su hermano Jeison le dijo a este diario que “él tenía cinco meses de haber terminado de prestar el servicio en el propio Ejército. Estaba en Valledupar, me ayudaba en una panadería, y unos amigos que habían prestado el servicio con él le dijeron que había una camioneta buscando muchachos para trabajar, y él se embarcó”.

Supieron en la casa unos días después que algo le había pasado porque “él podía tener plata en el bolsillo porque enseguida nos llamaba a nosotros. Y así fue, hace cuatro años se me presentó la fiscal de Barranquilla diciéndonos lo que había pasado”.

Finalmente, el ente de investigación penal dejó en claro en la resolución de la medida que “no existió enfrentamiento armado, tampoco incautación de armas, sino que todo esto fue producto de un plan macabro, bien organizado con anterioridad, al punto que hubo tiempo de contactar a las víctimas y trasladarlas al lugar donde fueron ultimadas”.

Entre tanto, el representante de víctimas del caso, Arturo Mojica, se mostró en desacuerdo con la llegada a la JEP de los militares señalados de ‘falsos positivos’.

“La Ley 1820 de 2016 –Ley de Amnistía-, consagra muy claramente que los delitos de lesa humanidad, entre ellos los de ejecuciones extrajudiciales, se encuentran excluidos del acuerdo, por lo tanto ni los miembros de grupos armados al margen de la ley ni agentes del Estado pueden hacerse acreedores de amnistías e indultos o tratamientos especiales cuando se les señale de haber cometidos tales conductas punibles”, dijo.

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