En riesgo el patrimonio puertorriqueño

En el Viejo San Juan, ubican fortificaciones que forman parte del patrimonio cultural. (GFR Media)

PUERTO RICO:

Por Héctor Feliciano

Los acreedores del gobierno podrían exigir que se les pague con las riquezas culturales y naturales del país.

TOMADA DE:elnuevodia.com

Al otro lado de la línea telefónica, el diplomático de la Embajada de Greciaen Washington responde sorprendido.

-No, no. Eso no ocurrió- contesta con indignación. Refuerza levemente el tono de voz.

Con orgullo reparador explica que, desde el estallido de la crisis en 2009, y, a pesar de obligaciones superiores a $300 mil millones -un maremoto comparada a nuestra marejada de $73 mil millones- Grecia no vendió su patrimonio cultural o natural, ni una sola ruina antigua, ni un solo edificio histórico, ningún bosque o paisaje natural mediterráneo, una sola isla o islote. No se consideró nunca canjearlos por la deuda del país.

En Grecia, aclara el funcionario griego encargado de la prensa,

-El gobierno negociaba directamente con los acreedores.

Durante los tratos financieros, recortes, restricciones, alzas de impuestos, despidos, recortes de salarios, reducción gubernamental y privatizaciones los representantes de los bancos, los fondos buitres, las instituciones internacionales pactaban los términos cara a cara con Grecia y sería impensable suponer que el gobierno entregara el patrimonio del pueblo.

El patrimonio cultural y natural de un país lo componen la herencia mueble e inmueble de valor irremplazable para su cultura, su historia, su identidad, su memoria y su contexto visual, y, asimismo, los monumentos y reservas que la naturaleza haya legado a través del tiempo. Ejemplos en Puerto Rico serían los edificios y fortificaciones del San Juan antiguo, las lagunas bioluminiscentes, el bosque de El Yunque o el Corredor Ecológico del Noreste (CEN).

Al igual que Grecia, nuestro país se encuentra en medio de una apabullante deuda de $73 mil millones, asediado por acreedores y depredadores, y, también, el gobierno central es custodio de un patrimonio cultural o natural que, en teoría, podría emplearse para saldar los impagos con sus demandantes o la obtención de liquidez.

Los compromisos financieros contraídos por nuestros inefables políticos podrían pagarse, en principio, con el dinero de la entrega, venta o alquiler de museos y obras de arte, edificios e instituciones públicas, como los del Museo de Arte Contemporáneo, edificios escolares, el Conservatorio de Música, la Universidad de Puerto Rico, el Zoológico de Mayagüez, el canal WIPR o de parques y bosques, incluyendo cuevas o reservas naturales o paisajes naturales emblemáticos como el del túnel de Guajataca.

Reflexionar sobre nuestro patrimonio en medio de la venta de liquidación, desmantelamiento cotidiano, leyes improvisadas, promesas incumplidas, contratos invalidados en los que vivimos es un tema que reviste una gran urgencia y, si el temido remate llegase a ocurrir, sería una nueva catástrofe para Puerto Rico.

-Vender el patrimonio cultural y natural de un país es despojarlo de forma cruel de su personalidad. Para los puertorriqueños, que vivimos en una isla pequeña y vulnerable es muy importante protegerlo- afirma Juan Vaquer, urbanista y antiguo director ejecutivo de la Administración de Terrenos.

Puerto Rico se diferencia también de Grecia, lo que dificulta la protección de la cultura y la naturaleza. Nuestra soberanía política se encuentra en manos del Congreso estadounidense y, por transferencia, en una Junta de Supervisión Fiscal cuyo objetivo esencial consiste en realizar los ajustes mortíferos para compensar a los acreedores sin ocuparse prioritariamente de los puertorriqueños.

-En una relación de subordinación política como la de Puerto Rico, que además se expresa más aguda como en Grecia (…) en esos casos, el patrimonio se vuelve más importante- advierte Pedro Reina Pérez, director de la Maestría de Gestión y Administración Cultural de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Puerto Rico no posee todavía una clara definición jurídica de los términos patrimonio cultural y natural. Los legisladores nunca se han interesado en precisarlos ni en ocuparse de su protección definitiva.

-No existe una definición legal. No hay tal cosa como un inventario unificado- afirma Érika Fontánez, catedrática de la Escuela de Derecho de la UPR.

El gobierno no ha levantado una lista completa de todas sus propiedades, menos aún de aquellas que constituyen patrimonio cultural o natural. Para informarse hoy sobre los bienes inmuebles que, en principio, podrían verse comprometidos en pleitos sobre la deuda es necesario abordar, uno por uno, cada departamento y agencia del gobierno, en caso de que quieran cooperar con la prensa.

Finalmente, el riesgo mayor que corre Puerto Rico con la quiebra es que, una vez que el gobierno enumere sus activos para poder cumplir con las deudas, los acreedores pueden objetar el número declarado y exigir la inclusión de bienes muebles e inmuebles de nuestro patrimonio cultural y natural.

Los acreedores llegarán a las negociaciones mejor informados que el gobierno de Puerto Rico y como este no se encuentra preparado, ni tampoco sabe qué existe, podrían causar daños irreparables.

-El proceso de bancarrota apenas calienta motores… Es terriblemente importante porque los puertorriqueños no poseemos los mecanismos para protegerlos (los bienes del patrimonio cultural y natural)- se lamenta Reina Pérez.

Podría ocurrir que despojen a Puerto Rico.

-¿Qué pasa si empiezan a vender nuestro patrimonio sin que lo sepamos, porque el inventario no está?- interroga la profesora Fontánez. -Si el pueblo no se entera, ¿cómo vamos a saber defender algo que ni siquiera sabemos que existe?

El gobierno tampoco ha desarrollado una política explícita de protección y no logra cumplir a cabalidad la función de defensory protector del patrimonio cultural y natural. Confunde nuestra herencia irremplazable con ocasiones atractivas para vender o arrendar a terceros, haciendo primar el valor comercial o turístico sobre el resto.

En mayo pasado ocurrió un incidente en tamaño real que pareció revelar que no existe en el gobierno ni coordinación ni línea de defensa clara. La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) publicó en línea listas de propiedades para venta o arrendamiento que incluían las reservas naturales de Cayo Icacos y Cayo Ratones en la costa de Fajardo. Se desató la controversia y la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se vio obligada a recordar que un área natural protegida no puede ofrecerse para venta o arrendamiento. En una comunicación inmediatamente posterior, el director de Fomento negó que los cayos se encontrasen a la venta; sin embargo, declaró entonces que ambas reservas sí se encontraban todavía disponibles para alquiler a largo plazo. A un pedido de aclaraciones de este periodista, Fomento prefirió atenerse a lo ya comunicado en mayo. Y, debemos entender, pues, que aunque quede prohibida la venta, un futuro arrendamiento de patrimonio natural solo accesible por mar, equivaldría, en la práctica, a una privatización. Fomento sigue precisamente insistiendo en la razón que causó el escándalo.

Al igual que la de Grecia, la bancarrota de la ciudad de Detroit en 2013 ocupó los titulares de la prensa internacional. La deuda municipal ascendía a $18 mil millones, una bagatela comparados con nuestros $73 mil millones. Rápidamente, el síndico de quiebra y los acreedores identificaron obras albergadas en el Instituto de Artes de Detroit (DIA) como el único activo de valor propiedad del municipio. Idearon, pues, vender aquellos bienes del patrimonio cultural en subasta pública.

Fundado en 1883, el DIA es uno de los pocos museos del mundo en el que pasearse por sus salas equivale a hacerlo por las páginas de un libro de historia del arte universal; acoge tanto arte babilónico como egipcio, europeo o contemporáneo; de sus paredes cuelgan obras de Diego Rivera, Warhol, Picasso, Kandinsky, Matisse, Cézanne, Pieter Brueghel, van Eyck, van Gogh. Las valoraciones realizadas estimaban que las 2,800 obras propiedad del municipio recaudarían de $400 a $800 millones.

El mediador federal entendía, sin embargo, que debía salvarse aquel patrimonio cultural, a como diera lugar. Forzó inesperadas reuniones y complejas negociaciones para convencer al propio museo, a las fundaciones Ford y Knight, empresarios, sindicatos, jubilados de la necesidad de conservar aquel legado citadino irremplazable. Fue necesario recaudar $830 millones de dólares a corto plazo y convencer a los acreedores de aceptar las pérdidas implícitas. Se acordó, a cambio, retirar al municipio la titularidad de las obras e integrarlas en un fideicomiso administrado por la junta de directores del DIA. El rescate de aquel patrimonio cultural inapreciable de los habitantes de Detroit se conoce como el Gran Pacto.

Eugene Gargaro, presidente de la junta del DIA, coordinó la recaudación de $100 millones por síndicos y donantes del museo. Conoce lo que significa quedar a punto de perder un tesoro cultural coleccionado, conservado conesfuerzo. Reflexiona sobre lo que podría ocurrir en Puerto Rico con los acreedores. Advierte,

-Sabíamos que hacíamos lo correcto. Sabíamos que si permitíamos que se vendieran y subastaran sabíamos que la ciudad lo lamentaría por años de años.

Insiste,

-No fue solo el liderazgo del museo, sino el empresarial, el político, el universitario lo que salvó al DIA, sabiendo que la cultura es central para la civilización y para nuestros jóvenes.

Héctor Feliciano es periodista y escribe con regularidad para El Nuevo Día. Además, es miembro de la junta de síndicos del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR).

 

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