Cristian Álvarez Balbín
Aunque el número de demandas no supera las 100 durante los últimos cuatro años, sus elevadas pretensiones podrían suponer un fuerte gasto a las finanzas de los municipios.
Al caído, caerle. Esta frase podría resumir lo que le ha tocado vivir a Alberto*, un habitante de San Antonio de Prado quien sufrió un accidente de tránsito por causa de un hueco en la vía y ahora piensa demandar a la Alcaldía de Medellín por los perjuicios, camino que tomaron 67 afectados en el Valle de Aburrá en los últimos cuatro años, reclamaciones cuyas pretensiones suman más de $20.000 millones por el mal estado de las calles.
Según le comentó Alberto a EL COLOMBIANO, desde hace poco más de un mes y con mucho esfuerzo pudo conseguir lo suficiente para ajustar la cuota inicial de la moto de sus sueños y gracias a un crédito bancario se pudo comprar el nuevo vehículo de unos $18 millones.
Sin embargo, la dicha le duró poco. Alberto detalló que el pasado viernes 5 de julio había salido desde San Antonio de Prado hacia la Clínica Las Vegas a donde debía hacer una diligencia médica. Alberto tomó el tramo de la vía vieja pese a que este tiene varios baches.
Pero, como él señaló, se sentía confiado porque tenía memorizados los más peligrosos. Pero cuando pasaba por el cruce de la calle 41 Sur con la carrera 72 del corregimiento, un nuevo “boquete” en la tierra lo sorprendió.
“Ese hueco era ‘nuevo’ y no era un hueco normal sino que parecía una socavación porque era como ‘coco’ por dentro. Yo lo vi cuando no pude reaccionar por andar esquivando los otros huecos. Entonces ahí la llanta de adelante pegó contra ese agujero y la moto quedó como clavada en esa loma tan pronunciada. Obvio eso me desorientó y terminé cayendo al piso y detrás la moto”, narró.
Tras ponerse en pie gracias a la ayuda de algunos vecinos, Alberto evaluó el estado de su moto nueva. La inspección rápida determinó que la palanca de cambios quedó doblada, mientras que las defensas del motor quedaron comprometidas. Según estimó, reparar los daños costar más de $700.000.
Aparte, él sufrió lesiones en los brazos y en una de sus piernas, por lo que recibió una incapacidad inicial de cinco días, tiempo en el que deberá pensar de dónde saca la plata del arreglo sin colgarse en las cuotas del banco y hacer fuerza de que no llegue a necesitar algún procedimiento médico extra.
“Eso de mucha rabia y frustración porque la moto está nueva. Y encima se supone que uno paga impuestos para que las vías se mantengan en buen estado. Pero hasta donde sé, el hueco sigue ahí, ni señalizado con pintura”, comentó Alberto quien se plantea la posibilidad de demandar al Distrito por el incidente que sufrió.
Y es que si bien no todas las reclamaciones llegan a los estrados judiciales, los procesos de reparación por los daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito ocasionados por el estado de las vías podrían volverse un importante «roto» para las finanzas de las alcaldías del Valle de Aburrá.
Tan solo entre 2020 y 2024 los municipios más grandes del territorio recibieron 67 demandas por más de $20.000 millones que buscan resarcir esos daños.
De acuerdo con el abogado Sergio Sánchez, la acción jurídica aplicable en estos casos se llama una reparación directa con la cual se demanda al Estado por su responsabilidad en los hechos.
“Para instaurar esa acción lo primero que hay que tener en cuenta es que sí exista un daño. Por ejemplo, a raíz del accidente, llegan los guardas los cuales diligencian el informe en el que se establece que el hecho lo causó el hueco no señalizado. Ese informe se convierte entonces en el primer elemento probatorio para demostrar la caída en una vía que debía estar en óptimas condiciones”, explicó.
Para Sánchez, la historia clínica que especifique que el paciente llega al centro asistencial a raíz de un accidente por un hueco también se convierte en otro elemento de prueba de la responsabilidad estatal.
Por su parte, el también jurista experto en temas de movilidad Fabio Giraldo señaló que al ser una demanda contra el Estado se debe demostrar fehacientemente el nexo entre el accidente y el hueco. “Por eso es válido también recoger pruebas testimoniales y documentales y evidenciar que el conductor no tenía posibilidad de evadir el bache. Uno puede indagar en las oficinas de Planeación si el hueco estaba identificado más no intervenido o anexar fotografías que demuestren la antigüedad del hueco”, apuntó.
De acuerdo a los expertos las reparaciones directas tienen dos años para ser instauradas ante la justicia, razón que en muchos casos juega en contra de los conductores.
“Mucha gente en dos años no se ha recuperado por lo que muchas demandas quedan sin surtirse. Lo que se sugiere entonces es presentar una conciliación con la entidad que tenga jurisdicción sobre la vía donde ocurrió el accidente ante Procuraduría, ya que esto también es un prerrequisito para la demanda. Así se logra ‘suspender’ el término de los dos años y poder demandar más adelante”, comentó Sánchez.
Cabe mencionar que los procesos administrativos como este se demoran cerca de ocho años en fallarse no solo por su importancia sino por los altos montos que se buscan como reparación física y moral por parte de los afectados. Por eso las cifras tan elevadas sobre las pretensiones.
Sin embargo, según pudo consultar este diario, son pocas las demandas que se interponen por estas situaciones. Por ejemplo, en Medellín –entre 2019 y 2024– se interpusieron 51 demandas. En Bello, son cinco los procesos en igual período de tiempo. En Itagüí en igual plazo apenas hay seis demandas que no se han fallado aún; mientras que en Envigado sucede igual con cuatro procesos.
Hasta ahora, según conoció este diario, solo una en Bello fue admitida en primera instancia por un valor de $394 millones. Las demás siguen en juicio.
«Hay pocas demandas muchas veces por el desconocimiento de la gente, o no falta el que dice que no interpone la acción porque no quiere quedar como un ‘buñuelo’ con los conocidos. Otros es porque deciden interponerlas cuando ya prescribieron y otros desisten porque son procesos lentos y no saben a quien reclamarle», apuntó Sánchez.
Sin embargo, si estos procesos llegan a fallarse en contra de los municipios sí representarían un importante costo a pagar. Por ejemplo, en el caso de Itagüí, si la justicia indicara que el municipio es responsable, este tendría que desembolsar poco más de $2.000 millones.
A raíz de esta situación, se espera que en una próxima Junta Metropolitana se trate el tema y se aborden estrategias para evitar accidentes de tránsito que pudieron prevenirse si la malla vial de la ciudad estuviera en buen estado.