Hay dudas frente a la figura de entrega, modificaciones en los contratos y la firma ejecutora.
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La más reciente entrega de computadores a estudiantes que adelanta la Alcaldía de Medellín cargó con una escena contradictoria.
El jueves pasado, mientras decenas de jóvenes hacían fila a las afueras de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, dos acudientes se dirigían, angustiadas, hacia el complejo.
Alegaban haber firmado el recibo del equipo sin tener claro que era un préstamo. Querían rechazar la máquina por temor a tener que responder por el millón largo de su avalúo.
“Preguntamos y nos dijeron que era regalado. Insistimos, y que sí, que era una donación. Luego, cuando revisamos el acta que firmamos, resultó que era un préstamo y había que responder en caso de daño”, relató Gladys, madre de una estudiante del colegio San Juan de la Cruz, del centroriente de la ciudad. A ella, como a Liliana —otra acudiente—, no le explicaron la letra menuda del compromiso que firmó.
Aunque esta es una de las apuestas en política educativa más ambiciosas del cuatrienio en curso, y hasta el 30 de marzo le había sacado sonrisas a 11.577 muchachos —según cuentas de la Alcaldía—, todavía ronda la desinformación. Desde la primera entrega, que tuvo lugar el 10 de febrero en La Macarena, no deja de repetirse el mismo interrogante entre algunos padres de familia y estudiantes: “¿El computador es regalado o es prestado?”.
A estas inquietudes se suma una más. De $80.000 millones fue el monto dispuesto para entregar 70.945 computadores en menos de siete meses —comenzando en octubre 11 de 2021 y terminando el próximo 11 de mayo—, pero los tiempos base del contrato han sido modificados en dos oportunidades y, en el momento, su ejecución apenas alcanza el 12,8%.
Este retraso fue denunciado el 28 de marzo por el diputado Luis Peláez, quien solicitó un proceso disciplinario y de vigilancia preventiva ante la Personería. Su propósito, además de ponerle lupa a la entrega de los equipos, es supervisar las actuaciones de la empresa contratista Nueva Era Soluciones S.A.S., sobre la cual ya pesan algunas inquietudes
Se habla de un comodato
La mayor preocupación de Gladys y Liliana, quienes estuvieron a punto de no recibir el computador el jueves pasado, era tener que responder por $1.127.625. Ese es el valor fiscal de cada equipo, según se lee en una fotocopia del formato que firmaron en días pasados.
El documento retrata las especificidades de la máquina, que cuenta con un sistema operativo versión Windows 10, procesador Intel Celeron, puertos para USB, ranuras para tarjetas microSD y auriculares, adaptador y corredor de gráficos. Detalla, asimismo, los compromisos que asumen el estudiante y el acudiente que se hace cargo.
La duración del incentivo es de un año lectivo, sin que puedan excederse los 15 días hábiles anteriores a la entrega de notas del último periodo escolar. El plazo no tendrá renovación automática, por lo que “el beneficiario (…) tendrá que devolver la herramienta tecnológica descrita”. Lo hará en el colegio en que recibió la máquina, “en aceptables condiciones de funcionamiento en atención al desgaste normal por el paso del tiempo”.
Ahora bien, ¿hay que responder por el computador en caso de un daño? Lo que dice el acta en el apartado de obligaciones es que el beneficiario o acudiente, además de cuidar el portátil, “se hace responsable de cualquier deterioro, daño, pérdida, destrucción o hurto que no provenga de la naturaleza o uso legítimo del mismo” (ver documentos anexos).
Estas líneas hacen parte de la letra menuda que todavía inquieta. No hay claridad hasta dónde el Municipio cubriría algún percance. Lo que ha dicho la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y lo que les aseguró el alcalde Daniel Quintero a Gladys y Liliana, después de convencerlas de aceptar el portátil, es que no tendrán que pagar un solo peso en caso de daño.
La denuncia de Peláez
En medio de estas dudas aflora la denuncia disciplinaria y de vigilancia interpuesta por el diputado Peláez, para quien las dos modificaciones que se le han hecho a los tiempos del contrato 4600091573 podrían cargar con irregularidades.
Alega Peláez que en el acta de inicio del contrato se fijó el cronograma de entregas así: octubre (30%), noviembre (30%), diciembre (20%), enero (10%) y febrero (10%). Es decir que el total de computadores prometidos debería haberse entregado a comienzo de este año.
En diciembre, sin avanzar en los primeros tres meses, vino la primera modificación, extendiendo hasta mayo la entrega del total de equipos. Luego, entrado marzo —a tan solo dos meses de concluir el contrato—, vino la segunda modificación: esta habilitó una adición de 140 días, alargando el compromiso hasta agosto.
Los cambios, según Peláez, representarían una “vulneración del principio de planeación y una competencia desleal con los demás contratistas que participaron de la subasta inversa —mecanismo usado para la licitación”, pues el principio rector del proceso tuvo que ver con la entrega de más de 70.000 computadores en tiempo récord de siete meses, pese a la pandemia.
El argumento que comparte la Secretaría de Educación es que el primer ajuste se dio por la ampliación de los tiempos de la subasta inversa para llegar a más oferentes. El siguiente vino por el desabastecimiento de “circuitos, procesadores y tarjetas gráficas, entre otros elementos indispensables para el ensamble de los equipos adquiridos”.
Para la Secretaría, no hay irregularidades en las modificaciones ejecutadas. Según su respuesta, “los cambios obedecieron a hechos sobrevinientes a la planeación contractual, que obligaron a la entidad a modificar bilateralmente el cronograma con el objetivo de lograr la preservación del interés general”.
Ajustar los plazos, esgrime la administración, está respaldado en el artículo 40 de la Ley 80 como un elemento accidental, por lo que su cambio, “si busca el cumplimiento de los fines del contrato”, cumple con las figuras habilitadas de contratación estatal.
Así las cosas, los 59.368 equipos que aún no se han entregado deberían estar a punto en agosto, si ninguna otra modificación se atraviesa en el contrato. Pero lo cierto, hasta ahora, es que su ejecución está colgada, y que además de las inquietudes no resueltas respecto a la modalidad de entrega y a la responsabilidad ante posibles daños, también preocupa la idoneidad del contratista.
12,8% es la ejecución del contrato de los 70.945 computadores por $80.000 millones.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARA SABER MÁS
¿QUIÉN ES NUEVA ERA SOLUCIONES?
En principio, la subasta inversa benefició a Colsof S.A.S., pero la firma terminó por ceder su posición y la adjudicación terminó en manos de Nueva Era Soluciones S.A.S. La empresa, según la Cámara de Comercio de Bogotá, tiene su domicilio principal en Cota, Cundinamarca. Su experiencia es de 24 años en el sector de la tecnología, sin embargo, su patrimonio solo llega a $777 millones (ni el 1% del monto que actualmente ejecuta). La firma fue una de las ganadoras de una subasta para entregar 81.000 computadores a través del Ministerio TIC en 2017, cuando el alcalde Daniel Quintero fungía como viceministro.
