PUERTO RICO:
10 de cada 1,000 niños y niñas en la Isla son maltratados, según cifras del Instituto de Estadísticas.
TOMADA DE:https://www.primerahora.com/
El Instituto de Estadísticas reveló esta mañana que los tres tipos de maltrato de menores que imperaron en Puerto Rico entre los años 2018 a 2021 fueron la negligencia, negligencia emocional y negligencia educativa.
Así lo refleja el nuevo Perfil del Maltrato de Menores: Informe Interactivo 2018-2022, plataforma digital que organiza y resume las estadísticas relacionados al maltrato de niños entre las edades de 0 a 17 años en la Isla, el cual es alimentado por datos secundarios provistos por la Administración de Familias y Niños (ADFAN) el Departamento de la Familia, el Negociado de la Policía, el Departamento de Justicia e información recopilada por informes del Children’s Bureau of the U.S. Department of Health and Human Services.
Según el informe, negligencia, del cual se reportaron 2,752 casos, hace referencia al tipo de maltrato que consiste en faltar o dejar de proveer alimentos, ropa, albergue, educación, atención de salud, supervisióń o falta de comunicación con un menor, según el Artículo 166 A, incisos (3) y (4) del Código Civil de Puerto Rico.
Mientras que la negligencia emocional, en la que registraron 2,717 casos, se identifica cuando los actos de un cuidador ocasionan desórdenes conductuales, cognitivos, afectivos u otras perturbaciones mentales y de comportamiento. Este tipo de maltrato, usualmente, se manifiesta mediante el abuso verbal o demandas excesivas al menor.
Por su parte la negligencia educativa, cuyo informe revela unos 1,246, se refiere a la falta de proveer acceso a educación a un niño.
De acuerdo con ADFAN, en el 2021 se registraron 5,315 casos de menores maltratados. Estas cifras son mayormente invariables durante el periodo de tiempo analizado, pues se reflejó por medio de la consistencia en la tasa de maltrato de menores en el País, que es de 9.5 en el 2018, 9.6 en el 2019, 7.9 en el 2020 y 9.5 en el 2021. Esto se traduce a que un promedio de 10 de cada 1,000 menores en Puerto Rico son maltratados.
Aunque con datos preliminares, el patrón continúa en el 2022, ya que, de los 1,624 casos de maltrato reportados por el Departamento de la Familia hasta febrero, 550 son por negligencia, 497 por negligencia emocional y 224 por negligencia educativa.
“El (hecho de) que hay más de 5,000 casos que se registran en Puerto Rico de maltrato de menores, para mí obviamente, es un…número enorme. Esas tasas están bien consistentes, a pesar de que varían un poco los números cuando uno hace el balance de población, que sabemos que está reduciendo nuestra población en Puerto Rico, vemos que esa tasa se mantiene”, lamentó el doctor y director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Orville M. Disdier.
En el compendio de información para el 2021, sin embargo, se especificó que cada menor maltratado pudo haber sido víctima de más de un tipo de abuso.
Además de los tres tipos de negligencias, también se identificaron 938 casos de maltrato físico, 624 de negligencia médica, 98 de abuso sexual, nueve de explotación, dos de trata humana y 46 tipos de maltrato no especificados.
Pese a que ambos géneros son vulnerables, la mayoría de las víctimas son féminas, por lo que el 51% de los casos se atribuyen al género femenino y 49% al masculino, reportó ADFAN.
Sin embargo, los números son significativamente distintos en cuanto al abuso sexual, ya que el 81.6% de las niñas suelen ser víctimas.
Por su parte, la Policía reportó 767 víctimas de maltrato, cantidad que dividió en casos correspondientes a 620 femeninas y 147 masculinos.
Tanto la Policía como ADFAN coincidieron que el rango de edad con mayores incidencias de abuso es de 6 a 8 años.
Los municipios con las tasas más altas de maltrato en el 2021 fueron: Ceiba (31.8%), Humacao (23.3), Jayuya (21.7%), Lajas (21.7%) y Guayama (20.6%). En contraste, los pueblos con menos casos son Loíza (2.3%), Florida (2.3%), Lares (2.9%), Naranjito (3.7%), Morovis (3.7%) y Culebra (3.7%).
Según ADFAN, el 67.5% de los autores de maltrato son las madres biológicas y los padres biológicos suman el 32.5%.
El 15.7% de otros perpetradores incluyen padres no biológicos (abuelos y abuelas, hijos e hijas, tíos y tías, madrastras, padrastros, compañeros consensuales, personal de establecimientos residenciales, otros profesionales, recursos particulares certificados o custodios). Entretanto, el 0.7% y el 17.2% se atribuyeron a otros perpetradores y a personas con relaciones desconocidas, respectivamente.
En el informe se establece que los casos analizados no necesariamente son activos o cerrados, sino que “son casos que están ya clasificados como fundamentados que son clasificados como maltrato”, explicó Disdier.
Aclaró que esta es la primera fase de depuración de datos, por lo que ahora el Instituto estudiará los números “micro” para certificar la validez de los datos provistos.
“Pudiera haber algún ajuste, quizás en un error administrativo. Pero, no debería de variar demasiado. Lo que esperaríamos serían ajustes mínimos en los procesos estadísticos”, indicó a Primera Hora.
2020: Año anómalo
Del informe se desprende también una variación de números correspondiente al año 2020, periodo cuando se implementaron medidas restrictivas para intentar frenar la propagación del COVID-19 y cuando se registró el terremoto de magnitud 6.4 en el suroeste.
Tanto la pendemia como los sismos en la isla pudieron haber sido los factores externos que imposibilitaron la radicación de querellas de personas que habitualmente alertan de casos de maltrato en menores, como docentes o encargados de cuido.
“No sabemos exactamente por qué se debe, pero podemos estimar que puede deberse a la pandemia a que las instituciones, que por lo general son esas instituciones y mecanismos que alertan al sistema en que hay un maltrato, como la escuela, los colegios, los cuidos, ‘headstarts’, instituciones que albergan a niños o menores, deportes, campamentos de verano, esos no estaban funcionando de manera normal, por lo que estaba atípico y esos mecanismos no estaban del todo funcionando y eso pudo haber impactado a que se reportaran menos casos”, detalló Disdier.
“Posiblemente hay un subreporte. Hay unos casos que nunca llegaron que debieron de haber llegado”, opinó.
Debido a esta anormalidad en los números, el también doctor sugirió que las agencias gubernamentales deben implementar mecanismos más efectivos para emergencias futuras para que el subreporte de casos no se repita.
“Si pasara algo similar a lo que ha pasado ahora, una pandemia o un desastre, tenemos que pensar en mecanismos alternos de alguna manera para que no se deje de recoger esa información que, al fin y al cabo, un solo niño que no se identifique en el sistema es un niño que va a sufrir un maltrato para toda su vida, un daño irreparable”, acotó.
Llamado a las agencias
Disdier recalcó que las agencias gubernamentales tienen el deber de comprender “la importancia, enorme importancia, que tienen los datos y las estadísticas” para así tener un panorama claro de la realidad social y, de esta manera, implementar política pública y tomar decisiones.
“Si las agencias no hacen ese trabajo, es imposible tener visibilidad de lo que pasa en la sociedad”, recalcó. “Exhorto a todas las entidades que tengan injerencia en eso en darles las herramientas necesarias y los recursos a la agencia”, agregó.
Solicitó, además, que la Junta de Supervisión Fiscal permita una extensión de uso de fondos ya aprobados para proyectos específicos y de gran envergadura, como el de violencia de género con el Comité PARE y el estudio de la comunidad sorda.
“No estamos pidiendo fondos adicionales. Estamos pidiendo que nos permitan continuar usando el dinero, porque si no ¿qué va a pasar? La política y filosofía en este momento es que lo que quede sin usar queda entonces en las manos de la Junta de Supervisión Fiscal y nos quedamos sin los recursos para darle continuidad a los proyectos”, dijo al resaltar que, de todos modos, el Instituto- que opera con un presupuesto de entre $1.6 a $1.9 millones- no cesará de darle seguimiento a dichos proyectos.
