Condena por amenaza a través de Internet extiende el brazo de la justicia

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Los cuatro años y dos meses de cárcel que deberá pagar Diego Alexander Céspedes Moreno por amenazar por correo electrónico a 18 líderes sociales abren a la mira de la justicia los mensajes en internet, un campo en el que los colombianos han probado que poco saben de medirse con las palabras.

TOMADO DE: elcolombiano.com

Se trata de la primera condena dictada en Colombia por esta conducta y para la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, que reportó la sentencia, significa “un logro importante para la actividad judicial que realiza el servicio de investigación criminal y un precedente propositivo para la prevención y protección de grupos defensores de Derechos Humanos”.

Sin embargo, existen efectos más profundos en lo dictado por el juzgado 45 Penal de Circuito de Conocimiento de Bogotá, pues a diario, las redes sociales son escenario de acusaciones e improperios, especialmente en lo relacionado a corrientes políticas.

¿Podría abrir esta sentencia una ‘cacería de brujas’ por todo internet?

Para Francisco Bernate, abogado especialista en derecho penal, la respuesta es no, pues no todo lo que se dicen las personas en redes sociales da para iniciar un proceso penal que termine con la prisión.

Después de todo, no se trata de condenas que salen de un día para otro. Para el caso del mismo Céspedes Moreno, el hombre fue detenido e imputado hace casi dos años, en junio de 2015.

Bernate explica que es muy difícil comprobar que dichas amenazas representan un riesgo, pues “se precisan pruebas técnicas en la que se deben pagar expertos”.

Sin embargo, para Carlos Cortés, consultor en regulación de internet, esta coyuntura debe abrir la discusión sobre la diferencia entre las amenazas y las expresiones que, aún si contienen una ofensa o una injuria, no deben dar cabida para la investigación penal.

“Evidentemente hay toda una responsabilidad en la justicia para tratar de poner en su justa proporción lo que pasa”, aseguró Cortes, pues explicó que “podemos ver una línea divisoria entre lo que es una conducta punible frente a lo que no debe pasar de la condena social”.

Un caso que puede evidenciar lo expuesto por ambos expertos es el de Nicolás Castro, un joven bogotano que en diciembre de 2009 fue capturado por la Policía, con ayuda del FBI, por crear un grupo de Facebook llamado Me comprometo a matar a Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro Uribe.

En cuatro meses en los que Castro estuvo preso en la Cárcel La Picota, su defensa alegó que el joven no revestía ningún peligro para el hijo del entonces presidente y que todo el caso no iba más allá de un exabrupto de un estudiante amparado bajo un seudónimo.

Finalmente, un juez decidió que las pruebas presentadas por la Fiscalía no daban a lugar y terminó por liberar al acusado.

El proceso de Céspedes Moreno guarda ciertas similitudes con el de Castro, pues la Fiscalía lo acusó por enviar mensajes intimidantes al líder social Jaime Caicedo Turriago, adjuntando un panfleto firmado por “Los Rastrojos Comandos Urbanos” en el que aparentemente ofrecían recompensas en dinero por atentar contra la vida de otros dirigentes de los movimientos Marcha Patriótica y Unión Patriótica.

La diferencia en ambos casos radicó en el proceso que se surtió para diferenciar en dónde existía un verdadero riesgo.

En ese orden de ideas, más allá de la sentencia, la verdadera responsabilidad la tiene la justicia colombiana, que “tiene la carga de mejorar cada día más en la búsqueda de información, evidencias y material probatorio”, sostuvo Óscar Sierra, experto en derecho penal y ciencias criminológicas.

Por ello, fue enfático en que la Fiscalía debe volverse “mas ágil y científica” en un contexto actual, en el que la forma de cometer delitos suele ir de la mano con las nuevas tecnologías.

EN DEFINITIVA

Diego Céspedes fue condenado porque su amenaza por e-mail implicó un peligro real, sin embargo, los medios de investigación deben mejorarse para tener un margen de error mínimo.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

EN LA BALANZA

PROS Y CONTRAS DE LA CONDENA

POSITIVO
A diario, la actual polarización política de Colombia traslada a las redes sociales una batalla verbal entre sectores antagónicos entre sí.

Para los expertos consultados, que la ley ponga el ojo en el tema invita a modernizar la investigación criminal e invita a la gente a tener moderación.

NEGATIVO
Mal administrada, una sentencia que dicte un precedente sobre las amenazas por internet podría abrir una cacería de brujas, en la que se perjudicaría el ya congestionado aparato judicial colombiano y en la que terminen ciudadanos condenados por no medirse con sus impulsos en internet.

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