Ordenan indemnizar a monja capturada y absuelta de homicidio

Leticia López Manrique fue absuelta en mayo del 2004. Foto: Roger Triana

Leticia López Manrique estuvo detenida tres años, pero fue absuelta en 2004 por la Corte Suprema.

Por: Justicia.

TOMADO DE: eltiempo.com

El sonado caso de la religiosa Leticia López Manrique, quien fue acusada hace casi 20 años por el homicidio de la monja Luz Amparo Bedoya, y luego fue absuelta, tiene un nuevo capítulo en los estrados judiciales.

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagarle una indemnización a López Manrique por los más de tres años que estuvo detenida en el proceso que se adelantó en su contra y por el que fue condenada a 14 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá en enero del 2002.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en mayo del 2004 la absolvió al considerar que ella fue condenada con base en indicios y no con pruebas concretas y contundentes.

El Consejo de Estado ordenó el pago de la indemnización al señalar que tal como lo dijo la Corte Suprema, la acusación contra la entonces religiosa de la Congregación de Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad se basó en “meras sospechas y conjeturas”.

El fallo hace énfasis en que el proceso en casación constató que López Manrique no cometió el crimen, pues fueron descartadas una a una las pruebas con las que la Fiscalía la llevó a juicio por homicidio.

En el trámite de la demanda, el abogado de López Manrique señaló que ella y su familia “sufrieron un profundo dolor a causa de los señalamientos en su contra y de las desdichas que significó para la hermana pasar por un proceso de expulsión de la comunidad, luego de 30 años de dedicación a la vida religiosa”.

En el fallo, el Consejo de Estado señala que no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en una falla en la detención de la persona y que con el solo hecho de acreditar que el demandante fue privado de la libertad en un proceso que culminó con una decisión favorable a su inocencia “urge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos”.

JUSTICIA
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