En vilo los títulos de abogados de ex “paras”

Tras el anuncio del Ministerio de Educación de abrir quince investigaciones contra la Corporación Ideas por otorgar títulos de manera fraudulenta y por mal manejo de recursos, 22 reclusos de La Picota podrían quedarse sin el título de abogado por el que cada uno pagó más de $25 millones.

TOMADA DE:elespectador.com/

El pasado 20 de abril se graduaron en La Picota 11 reclusos, entre ellos “Diego Vecino” (izq.) y el “Águila”, máximos comandantes ‘paras’

Durante cuatro meses y trece días, once exparamilitares postulados en Justicia y Paz llevaron con orgullo el título de profesionales en derecho que les otorgó la Corporación Universitaria de Colombia Ideas el pasado 20 de abril.

Ahora, el título que recibieron exjefes “paras” como alias Diego Vecino, alias El Águila, alias Tolemaida o alias Don Antonio, está en veremos. Todo después de que el Ministerio de Educación, revelara que la Corporación Universitaria de Colombia Ideas no tenía el permiso para otorgar el título a los reclusos de La Picota en Bogotá.

En cabeza del ministro (e), Francisco Cardona, la cartera de Educación explicó que desde 2015 en el Ministerio había varias investigaciones abiertas contra la institución educativa, por denuncias que estudiantes y docentes de la misma institución hicieron ante la entidad. El 16 de diciembre de 2015, después de que una comisión investigara a la Corporación Universitaria Ideas, el Ministerio tomó tres decisiones fundamentales para que se corrigieran las presuntas irregularidades de la entidad.

Éstas, le dijo el ministro encargado a este diario, tenían que ver con una presunta falsedad de información contable, presunta falsedad sobre documentos institucionales, el presunto ofrecimiento de programas que no estaban aprobados por el Ministerio de Educación pues no contaban con el registro calificado y, finalmente, se encontró que algunos estudiantes habían recibido un título profesional sin los soportes académicos requeridos.

Por la gravedad de los hallazgos, una de las decisiones que a finales de 2015 tomó el Ministerio de Educación fue designar a un inspector in situ que hiciera seguimiento al caso. Pero, en una rueda de prensa el pasado viernes, el Ministerio informó que no sólo no se había hecho nada para resolver los problemas ya identificados, sino que, lo que es peor, después de escarbar más, se encontraron nuevas actuaciones irregulares.

Entre ellas, que el centro educativo les habría cobrado $25’800.000 individualmente a 22 reclusos de la cárcel La Picota, entre ellos los once exjefes paramilitares, para graduarlos como abogados, a pesar de que tanto en 2012 como en 2013 el Ministerio de Educación le había negado a la institución dictar el programa de Derecho en el centro de reclusión.

“Si bien esta entidad tenía autorización para dictar el programa de derecho en sus sedes de Bogotá, Itagüí y Villavicencio, no era así para dictarlo en ese centro carcelario. Encontramos además que no solo estarían dando el aval para dictar la carrera allá, sino que, como unos auténticos mercaderes de la información, vendían “franquicias” con el nombre de la institución para que personas naturales ofrecieran sus programas en lugares donde el Ministerio de Educación no lo había autorizado”, comentó el ministro (e) Cardona.

El Espectador logró contactarse con una de las docentes que participaron en las clases con los ex “paras”, que por razones de seguridad prefirió reservar su nombre. Ella le comentó a este diario que quien la contactó fue el docente Ariel Valencia, quien estuvo al frente del proyecto por parte de la Corporación Universitaria Ideas.

Señaló que llegó a darles clases en los últimos seis meses del programa, por lo que no tiene claro cómo fue que se estableció el puente entre la institución educativa y los reclusos, quienes, según el Inpec, fueron los que gestionaron el convenio educativo con Ideas.

Fuentes de esa institución comentaron que el convenio entre el Instituto Nacional penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Corporación Universitaria Ideas se limitó a otorgarles un permiso de ingreso y que las verificaciones que hizo el Inpec se hicieron por motivos de seguridad. Que se limitaron a confirmar que la institución estuviera legalmente constituida y que sí ofreciera el programa de Derecho.

No obstante, queda en el aire la pregunta de por qué, después de conocerse las irregularidades en la entidad a finales de 2015, el Inpec no estudió más a fondo si la institución estaba autorizada desde el Ministerio de Justicia para dictar las clases en La Picota. El Espectador trató de ponerse en contacto con la entidad, pero al cierre de esta edición aún no habían hecho un pronunciamiento oficial al respecto.

Por ahora solo resta esperar a que las investigaciones por el caso avancen en el Ministerio de Educación y en la Fiscalía, que ya está trabajando en una mesa técnica que comparte con esa cartera para adelantar las indagaciones contra las llamadas “universidades de garaje”. Lo más probable, dijo el ministro de Educación (e) Francisco Cardona, es que los once ex “paras” se queden sin el título de abogados que consiguieron después de cinco años de estudios.

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